La Audiencia de Madrid dará a conocer el día 19 la sentencia del "caso mascarillas"

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Madrid, 14 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid notificará el próximo día 19 la sentencia del "caso mascarillas" a las partes y así se conocerá si los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina son condenados o absueltos por la operación de compraventa de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia por la que se embolsaron seis millones de euros.

La diligencia de ordenación de la Sección Séptima de la audiencia madrileña, a la que ha tenido acceso EFE, cita a las acusaciones y a las defensas para el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana para notificarles la sentencia. Esta resolución es recurrible.

Alberto Luceño y Luis Medina se sentaron en el banquillo el pasado mes de febrero, durante ocho sesiones, acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, cuando firmaron tres contratos para la compraventa de mascarillas, guantes y test de coronavirus por valor de 11,9 millones de dólares con los que se cobraron una comisión total de unos 6 millones.

La Fiscalía mantuvo al final del juicio su petición de 15 años de cárcel para Luceño por delito de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y un delito agravado contra Hacienda. Y que junto con Medina indemnice al Ayuntamiento con casi 8 millones de euros, además de pagar una multa millonaria.

Para Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, solicita 9 años de cárcel por estafa y falsedad en documento mercantil.

Por su parte el Ayuntamiento de Madrid, acusación particular en la causa, ratificó que pide para Luceño 11 años de cárcel y una multa de 600.000 euros, mientras que para Medina solicita 9 años y 450.000 euros, así como que ambos indemnicen conjuntamente a la Empresa de Servicios Funerarios con 7,9 millones de euros.

Tanto para esas acusaciones como para la acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid están acreditados todos los delitos que se les imputan, ya que engañaron al Consistorio para cobrar unas comisiones desmesuradas en un momento en el que morían cientos de personas al día.

Sin embargo los dos acusados negaron este extremo, argumentando que se negociaron unos precios que el Ayuntamiento aceptó pagar a un proveedor malasio, sin que les preguntaran por sus comisiones, y que todo el proceso fue legal. EFE

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