Barcelona, 5 mar (EFE).- Cinco empresarios de la tecnología que fueron investigados en el caso Tsunami Democràtic, ya archivado, han insistido en pedir a la Audiencia Nacional que asuma la investigación sobre su supuesto espionaje con Pegasus y Candiru, en una causa en la que apuntan contra un exdirector de la Guardia Civil.
Así lo han solicitado los cinco empresarios en un escrito, adelantado por El Nacional y al que ha tenido acceso EFE, en el que piden a la Audiencia Nacional que revoque su decisión inicial, de febrero pasado, en la que rechazó admitir su querella por este supuesto caso de espionaje político, alegando falta de competencia.
Los cinco empresarios tecnológicos, que fueron investigados en el marco de la causa ya archivada de Tsunami, sobre las movilizaciones del independentismo tras la condena a la cúpula del 'procés', sostienen que la Audiencia Nacional debe asumir esta investigación "extremadamente compleja", entre otros motivos por su "fuerte componente internacional" y porque creen que involucra a "altas instituciones del Estado".
Por ello, consideran que, "ante este alambicado panorama", teniendo en cuenta también la ley de secretos oficiales, la Audiencia Nacional "es el órgano judicial mejor preparado para encarar estos obstáculos, atendiendo a su mayor especialización jurídica, su mayor experiencia profesional y sus mayores medios humanos, organizativos y tecnológicos".
También remarcan en su recurso que todos ellos son empresarios de la tecnología que han trabajado juntos y que por ello fueron investigados conjuntamente por la Guardia Civil y el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional en el marco del caso Tsunami.
De hecho, apuntan en su recurso que las fechas de las infecciones de sus teléfonos móviles coinciden con aquella época, por lo que "queda claro" que los hechos se deben estudiar conjuntamente por parte del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional.
Entre los afectados figura Joan Arús, el presidente de Sentinel Alliance, una asociación internacional de víctimas de esos programas maliciosos que empresas israelíes comercializan a estados, que se querellaron ante la Audiencia Nacional contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra Félix Vicente Azón, que dirigió a la Guardia Civil entre 2018 y 2020.
Su querella, que también se dirige contra las empresas NSO y Saito Tech, que comercializan los programas maliciosos, fue la primera que afectados por el espionaje político al independentismo presentaron contra la Guardia Civil.
Entre los querellantes también figuran el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala y los empresarios tecnológicos Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.
Los querellantes sospechan, a la luz de algunas publicaciones periodísticas que aluden a informes policiales, que la Guardia Civil infectó sus móviles mediante los software Candiru y Pegasus, lo que aseguran está acreditado en los análisis efectuados por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso de espionaje masivo al independentismo conocido como 'Catalangate'. EFE
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