Madrid, 18 feb (EFECOM).- Algunos de los principales fabricantes de automóviles que operan en Europa han pedido al Gobierno que reactive cuanto antes el Plan Moves de ayudas para el vehículo eléctrico y que sea más ágil, al tiempo que han rechazado los aranceles que quiere imponer el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Directivos de KIA, Hyundai, Volvo, Mini y BYD han hecho estas consideraciones en unas jornadas sobre automoción y mujer, organizadas por la patronal de concesionarios oficiales Faconauto y por la organización internacional de mujeres periodistas del motor Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), que también ha entregado sus premios a los mejores coches del año.
Para el director general de BYD, Alberto de Aza, este "impasse" en el que aún no ha entrado en vigor el Plan Moves III afecta muy negativamente a los fabricantes de coches electrificados, que ven cómo muchos clientes "que ya iban a matricular" paralizan sus pedidos a la espera de unas ayudas que no llegan.
Por ello, ha pedido al Gobierno que resuelva este asunto "con urgencia", puesto que los fabricantes ya han hecho su parte y ahora le toca a la Administración, que también debería ampliar y mejorar lo antes posible la red de recarga con más puntos de alta velocidad.
El director general de Mini, Carlos Martínez, ha confiado, por su parte, en que las ayudas no sean solamente para el comprador particular sino también para las flotas y que beneficien a todo el sector.
El consejero delegado de Volvo, José María Galofré, ha urgido al Gobierno a que apruebe el Plan Moves y que sea más ágil y sencillo cobrar las ayudas para que se retire cuanto antes de las carreteras el parque móvil más antiguo y contaminante.
También ha insistido en la necesidad de que todas las gasolineras se conviertan en electrolineras con puntos de carga rápida para facilitar los viajes de largo recorrido a los conductores.
En representación de Hyundai, Leopoldo Satrústegui ha calificado la situación del sector en España de caótica, ya que, entre otras cosas, el Plan Moves antiguo "no funciona", el sector y la administración no han sido capaces de diseñar otro mejor y mientras, los fabricantes tienen que cumplir con la normativa y vender en torno al 20 o 25 % de coches eléctricos o híbridos enchufables.
Hay que reactivar el Plan Moves para que no se pare el mercado, pero esto no es suficiente, hay que agilizarlo para dar las ayudas en el momento de la compra, ha dicho.
Estos directivos también han considerado "complicado" que España pueda cumplir el objetivo europeo de que en 2035 el cien por cien de las ventas sean de coches eléctricos, y han pedido plazos más largos para que los compradores comprueben que la movilidad eléctrica es posible y olviden sus reticencias
En cuanto a los aranceles que Trump pretende imponer a los coches importados a EE.UU, el consejero delegado de Volvo, José María Galofré, ha dicho que "no nos gustan", pero "hay que adaptarse", al tiempo que se ha mostrado a favor del libre mercado, independientemente de dónde se fabrique el producto.
De hecho, la marca fabrica en Europa para vender en Europa, y también tiene fábricas en EE.UU. y en China, lo cual es más eficiente para la logística y para reducir la contaminación.
Por parte de BYD, Alberto de Aza, se ha mostrado a favor del libre comercio, ha insistido en que "cerrar fronteras va en contra del negocio y del cliente" y ha apostado por localizar las fábricas donde sea necesario, como está haciendo la enseña china.
"El proteccionismo tiene muy poco recorrido", ha insistido Aza, quien ha añadido que espera que los políticos "dialoguen y encuentren soluciones multilaterales".
En la misma línea, el responsable de Mini ha apostado por aprovechar la situación creada por las amenazas de Trump en contra de los fabricantes extranjeros para que los países de la Unión Europea (UE) hagan un frente común y establezcan un plan que les permita generar valor añadido y ser un polo económico potente.
Los representantes de KIA y Hyundai, por su parte, han recordado que el problema de los aranceles no es nuevo y que sus marcas tuvieron que pagarlos durante algunos años en la década de los 90 para poder vender en el mercado japonés. EFECOM
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