Cádiz, 17 feb (EFE).- El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias previas para investigar un presunto delito de malversación de 235 millones de euros que habría cometido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por contrataciones "a dedo" en la provincia de Cádiz y que fue denunciado por Podemos.
En una rueda de prensa, la coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, ha explicado este lunes que la formación interpuso una denuncia el pasado octubre porque considera "muy grave lo que está pasando en la Junta de Andalucía y lo que está pasando con el SAS" ya que "se está sorteando la ley de contratos para dar a dedo millones de euros a empresas que ya todos conocemos la mayoría de los nombres".
La denuncia se basó en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, según relataba al juzgado, habían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo”.
La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistemas 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros,(el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9 % del total de contrataciones. En esta provincia se firmaron 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un monto total de 2,2 millones de euros.
Podemos interpuso esta denuncia en un juzgado de Sevilla, que, según fuentes del partido, decidió dividirla y remitirla a órganos judiciales de cada provincia los hechos que afectaban a cada territorio.
El juzgado de Cádiz en el que recayó esa denuncia por las contrataciones en la provincia ha sido, según fuentes del partido, el primero en tomar la decisión de abrir diligencias.
En un auto fechado el pasado noviembre y dado hoy a conocer por Podemos, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz indica que estas actuaciones "deben incoarse como diligencias previas" pues hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación.
La jueza acuerda practicar diligencias de investigación como pedir a la Intervención de la Junta de Andalucía que informe "sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo" y dar traslado de las actuaciones al fiscal de delitos económicos "a fin de que interese diligencias a practicar".
Contra el auto cabe poner recurso de reforma.
En rueda de prensa, Raquel Martínez ha destacado que los informes apuntan a "un fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para nuestro sistema de salud" y se ha preguntado "¿A quién benefician estos contratos a dedo?".
"Sinceramente yo no conozco a nadie personalmente que se dedique a trabajar de intermediarios de material sanitario, pero el PP y sus contactos parece que sí que los conocen y se están embolsando cantidades millonarias por hacer de intermediarios", ha dicho.
Ha añadido que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "ante los avisos e informes de los trabajadores de la Junta que se dedican a controlar estos contratos" lo que ha hecho es "una limpia y cortar cabezas. Se los está quitando de en medio".
Ha animado a hacer "un trabajo titánico" a "todas las personas y los partidos que creemos en la sanidad pública" para "vigilar que el dinero que sale de los bolsillos de los andaluces y las andaluzas y de nuestros impuestos no va a pagar comisiones millonarias para comprar materiales que podrían salir mucho más baratos". EFE
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