Madrid, 17 feb (EFECOM).- El sindicato Sitcpla ha informado de que su denuncia contra España por la exclusión de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) del acceso anticipado a la jubilación está avanzando en Bruselas, ya que, según la Comisión Europea, el proceso se encuentra en una fase de diálogo estructurado con el Gobierno español.
Su denuncia, interpuesta en 2023, destaca la discriminación indirecta por razón de sexo, ya que, de los 10.000 TCP en España, 8.000 son mujeres.
Este colectivo viene siendo excluido del real decreto de 1986, que permite a otros profesionales aeronáuticos, como pilotos, fotógrafos aéreos y mecánicos de vuelo, acceder a la jubilación anticipada con el 100% de los derechos.
Sitcpla ha señalado en un comunicado que el Parlamento y la Comisión Europeos (CE) "acaban de dirigir sendas comunicaciones formales a los abogados del sindicato, despacho Navas & Cusí, para informar sobre el progreso de sus actuaciones".
Según la CE, el proceso se encuentra en una fase de diálogo estructurado con el Gobierno español, "lo que refleja la seriedad y consistencia de las investigaciones en curso".
Para Sitcpla, tal diálogo, en el contexto de una denuncia por incumplimiento estatal, es un proceso de comunicación formal con el estado miembro implicado y su objetivo es "resolver posibles infracciones del derecho de la Unión Europea de manera rápida y eficaz, antes de que se inicie un procedimiento formal de infracción".
"Cuando se inicia el proceso del diálogo estructurado es porque la CE ya ha detectado serios indicios de infracción del derecho comunitario", ha subrayado Sitcpla.
En la práctica, el proceso comienza cuando la Comisión plantea una serie de preguntas específicas al estado miembro en cuestión, que dispone de un plazo de 10 semanas para proporcionar una respuesta detallada.
Una vez recibida, la Comisión cuenta con otras 10 semanas para evaluar dicha respuesta y determinar si es satisfactoria.
Según la comunicación recibida por parte de la CE, el Estado español envió su contestación a las preguntas de la Comisión a finales de 2024, ha relatado Sitcpla.
Durante este período, puede existir un intercambio adicional de información entre ambas partes para aclarar cualquier aspecto pendiente y, en el mejor de los casos, se alcanza una resolución satisfactoria que permite cerrar el caso sin necesidad de más acciones.
Sin embargo, si la respuesta del Estado miembro no satisface a la Comisión, esta puede decidir iniciar un procedimiento formal de infracción bajo el artículo 258 del TFUE, ha explicado la organización.
El sindicato está convencido de que el Gobierno "debe cumplir" con los requerimientos de la CE para poner fin a una discriminación que data de 1986 y ha recordado que, en caso de que se niegue a aceptar el dictamen de la Comisión, ésta puede otorgar curso judicial contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), "una acción que no dudarán en emprender, si es necesario". EFECOM
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