Miguel Álvarez
A Coruña, 15 feb (EFE).- Los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Burela son los tres primeros de Galicia en dar pasos hacia las restricciones en los pisos turísticos -ya en vigor en la capital gallega- y lo hacen frente a la postura de los pequeños propietarios, que aseguran que son los principales perjudicados de estas iniciativas.
El acceso a la vivienda es el principal problema del Estado, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero, y las administraciones públicas progresistas han vinculado la existencia de viviendas de uso turístico con esta situación, con 23.000 inmuebles en Galicia.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una reciente visita a Galicia, ha pedido que "cunda el ejemplo" de los ayuntamientos que apuestan por la vivienda y ha recordado el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal que permite a las comunidades de vecinos prohibir esta actividad en sus edificios.
El primer municipio gallego en regular esta cuestión ha sido Santiago de Compostela, con un importante problema de oferta y de precios de alquiler, y tiene en vigor una ordenanza municipal desde finales de 2024 que prohíbe las viviendas de uso turístico en el casco histórico y otras zonas sensibles, mientras que las permite solo en bajos residenciales o en primeros pisos en el resto.
A Coruña, por ahora, cuenta con la aprobación inicial de la normal, que permitirá este tipo de alojamientos en bajos, primeras plantas y edificios exclusivos, además de abrir la posibilidad a declarar zonas saturadas a todas aquellas en las que haya más de 0,5 viviendas turísticas por cien habitantes.
En el caso de Santiago, la regulación afecta de forma directa a 600 pisos, mientras que en el de A Coruña están registrados 1.357 en la ciudad, aunque no todos quedarían fuera de ordenación.
El último ayuntamiento en anunciar medidas en este sentido ha sido Burela, el municipio costero de A Mariña lucense con 9.500 habitantes y popularidad en verano, que todavía da los primeros pasos.
La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín Pombo, ha explicado a EFE que están "en contra" de estas medidas desde el principio, pues la comunidad gallega "no deja de ser un destino, de momento, bastante estacional", por lo que considera que las normativas son "cortinas de humo".
"Nos molesta que nos quieran regular porque nos hacen ser culpables de la situación que hay ahora mismo de la vivienda y le preguntaría a Santiago o a A Coruña cuántas viviendas de promoción pública construyeron en los últimos treinta años", ha planteado y ha recordado que la legislación urbanística obliga a destinar parte del suelo a promoción pública, lo que durante años no se cumplió.
Para ella, tras años de inacción municipal, "ahora resulta que los propietarios de viviendas son los culpables de todo" y se aborda con una normativa pensada para los grandes propietarios, frente a los pequeños, pues en Galicia el 87 % de los propietarios de viviendas turísticas tienen una única, por herencias o inversión.
"Si el problema es el turismo, también lo serían los hoteles, las pensiones o los apartamentos, pero solo señalan a los pisos turísticos. Están regulando para el gran capital porque son los que tienen potestad para comprar edificios enteros y convertirlos en turísticos", ha continuado.
Ha subrayado que en toda esta limitación no se tiene en cuenta el resto de "tejido económico" que se beneficia de su actividad, como las lavanderías, las empresas de limpieza, las de reformas, las mueblerías o aquellas que venden menaje: "¿Están pensando en un plan para sanearlas después?", ha planteado. EFE
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