Cantabria se personará en el TC contra el recurso a la derogación de la ley de memoria

Santander, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Cantabria (PP) ha anunciado que se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) por el recurso presentado por el Ejecutivo central contra la derogación de la ley autonómica de memoria, ya que la región lo considera "una invasión de competencias por parte del Estado".

Además, la Administración cántabra confía en que el Parlamento regional, del que salió esta iniciativa, haga lo mismo.

Así lo ha avanzado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la titular cántabra de Presidencia, Isabel Urrutia, después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer la presentación de este recurso ante el TC.

Urrutia ha recalcado que "no se produce vacío legislativo" porque la ley estatal de memoria democrática tiene carácter de norma básica.

"La derogación de la ley autonómica no supone, en modo alguno, la derogación de la ley nacional ni su no aplicación en Cantabria", ha resumido la consejera.

En su opinión, la presentación de este recurso supone "una invasión de las competencias de Cantabria por parte del Estado" y "la incongruencia de aceptar que, en esta materia, las comunidades autónomas sí pueden legislar, pero no derogar".

"Tan legítima fue la aprobación de la ley de 2021 como lo ha sido la aprobación de la ley de 2024, derogatoria de la anterior", ha sostenido.

La interposición del recurso, a juicio del Gobierno cántabro, es "un ejemplo más de la utilización arbitraria, interesada y partidista de las instituciones del Estado, en este caso del Tribunal Constitucional, para la defensa de ideas y proyectos políticos propios, uniformes y unívocos". "Supone forzar interpretaciones constitucionales", ha agregado Urrutia.

Y ha opinado que el Tribunal Constitucional, con "su composición actual y sus recientes decisiones, está demostrando una clara posición a favor de determinadas opciones políticas, provocando clamorosos cambios de criterio en la asentada doctrina constitucional y el progresivo deterioro de su credibilidad".

También ve el recurso "un ejemplo más de los constantes intentos de dividir a la sociedad", en este caso a la cántabra.

Urrutia ha insistido en que la derogación de la norma "no supone que en Cantabria las víctimas queden desprotegidas ni que tengan menor reconocimiento y protección que la que se desprende de la ley estatal de 2022".

La ley derogatoria, ha señalado la consejera, "mantiene el único punto de consenso que sí se alcanzó" con la norma de 2021: la necesidad de garantizar el derecho de las familias a recibir apoyo y asesoramiento de la administración en los trámites relacionados con las exhumaciones de víctimas, por un lado, y la necesidad social de establecer los mecanismos precisos para garantizar la custodia de todo el material documental como patrimonio colectivo que es preciso conservar, por otro. EFE