Madrid, 9 feb (EFE).- El “caso mascarillas”, en el que se investiga a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina acusados de embolsarse 6 millones de euros en comisiones al vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo más duro de la pandemia, llega a juicio el próximo martes con una veintena de testigos y peritos y el Consistorio como acusación.
Han sido cuatro años de proceso en los que el sumario acumula frases célebres como el “pa la saca” que le dijo Luceño a Medina en marzo de 2020 cuando supo que habían cobrado parte de la comisión prevista; o la expresión “una medallita me vendría bien, una medallita civil”, que le dijo Luceño a la responsable de compras del Ayuntamiento en aquel momento, Elena Collado.
Ya ante el juez Luceño defendió que su intención “era en parte ayudar al Ayuntamiento” y también cobrar por un trabajo, con una operación “limpia” en la que solo se llevó el 47 por ciento en comisiones, “un porcentaje normal”.
Estas son algunas de las claves sobre el juicio que comienza el martes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid:
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid los días 11, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero, y las siete sesiones se retransmitirán en ‘streaming’.
El primer día se solventarán las cuestiones previas que planteen las partes: las defensas de los dos acusados y las acusaciones que ejercen la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento de Madrid, el grupo municipal socialista del Consistorio y el PSOE, el grupo municipal Más Madrid y Podemos.
Luego comenzarán a declarar testigos, ya que los acusados han pedido declarar al final de la vista oral y se prevé que lo hagan el día 25.
La Fiscalía solicita para Alberto Luceño 15 años de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y otro agravado contra Hacienda; mientras Luis Medina, hijo de del duque de Feria y Naty Abascal, afrontará una solicitud de 9 años de prisión por los dos primeros delitos.
El Ministerio Público también pide para Luceño una multa de 5,6 millones de euros y que indemnice a la Agencia Tributaria con 1,3 millones, mientras que para Medina solicita 450.000 euros de multa.
Reclama que ambos indemnicen conjuntamente al Consistorio con 7,8 millones, cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento por la operación, entre otros conceptos.
La Fiscalía sostiene que los hechos se remontan a marzo de 2020, “en una situación de rápida evolución de la pandemia” de coronavirus y “de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios”, en la que -relata- ambos acusados tuvieron la “intención” de “enriquecerse exageradamente”.
Así Luceño consiguió productos sanitarios de un empresario malasio que, gracias a los contactos de Medina, vendió al Ayuntamiento de Madrid, haciéndolo “un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores”, como consecuencia de la “imposición de unas comisiones desorbitadas” que ocultaron al Consistorio.
El Ayuntamiento firmó con ellos tres contratos por los que pagó 11,9 millones de dólares para obtener un millón de mascarillas, dos millones y medio de pares de guantes y 250.000 test, sin saber que Luceño se embolsó una comisión de 5,1 millones de dólares y Medina de uno.
Para dilucidar si hubo estafa y cómo se perpetró, los magistrados de la Audiencia Provincial escucharán a una veintena de testigos, empezando por una exprofesora de Luis Medina a la que éste llamó en marzo de 2020 para pedirle un contacto del Ayuntamiento de la capital para ofrecer material sanitario.
La profesora le dio el contacto del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, quien también testificará y quien explicó ante el juez que tras hablar con Medina pensó que “había que ayudar” y, sin hablar nunca con el alcalde, llamó a un amiga suya, la coordinadora general del Ayuntamiento, Matilde García (también citada como testigo), quien le dio un correo “genérico” para que Medina contactara así con el Consistorio para hacer su oferta.
Otra testigo clave será Elena Collado, la coordinadora municipal de Presupuestos y Recursos Humanos y responsable de compras durante la pandemia, quien cerró los tres contratos investigados y mantuvo numerosas conversaciones con Luceño.
Y esperada será la declaración del empresario malasio San Chin Choon, dueño de la empresa que vendió el material a Luceño y a quien el juez instructor no llegó a interrogar porque no quiso trasladarse a España.
Poco antes del juicio ha trascendido un audio que Luis Medina envió a Luceño a finales de marzo de 2020 para contarle que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le acababa de llamar para decirle que estaba “muy agradecido” con ellos por las donaciones de mascarillas que hicieron al firmar los convenios, y que se ponía a su disposición.
El alcalde ha explicado que ya dijo en su día que habló con Medina “como hacía con todos aquellos que hacían donaciones al Ayuntamiento”, y que nunca se reunió con los procesados. EFE
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14333246 y otros)
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