Madrid, 27 ene (EFE).- La abogada Isabel Elbal, socia del despacho de Gonzalo Boye, ha negado en el juicio que este blanqueara dinero de la red del narcotraficante Sito Miñanco y ha asegurado que solo hizo una labor profesional para que un cliente pudiera recuperar casi 900.000 euros que le confiscaron en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
La Audiencia Nacional ha celebrado este lunes la jornada número 16 del juicio a 45 acusados de la operación Mito, en la que la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión para el histórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.
También es juzgado Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que se enfrenta a una petición del Ministerio Público de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.
En su escrito de acusación la Fiscalía relata que el 6 de febrero de 2017 les fueron incautados casi 900.000 euros en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a Manuel G.R. y a otros cuatro acusados cuando trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas.
Añade que "en sus manifestaciones en el acta de intervención Manuel G.R. afirmó que el dinero era de su propiedad y que lo llevaba para montar una empresa en Colombia".
Gonzalo Boye, que llevó la defensa de Sito Miñanco en otros procedimientos, está acusado de ayudar a elaborar documentos falsos para justificar la procedencia de los casi 900.000 euros confiscados en el aeropuerto madrileño.
La defensa de Boye argumenta que estas acusaciones son infundadas y que su única participación fue de asesoramiento legal.
Además estima que Manuel G.R., al ver durante la instrucción del procedimiento que Manuel P.S. -acusado de liderar la rama de ciudadanos colombianos de la red en Madrid- había conseguido su libertad cambiando de versión y tras recibir múltiples visitas policiales en prisión, decidió hacer lo mismo.
De esta forma Manuel G.R. aseguró en el Juzgado que instruyó la causa que el dinero intervenido no era suyo y que Manuel P.S. lo había colocado en su equipaje sin su conocimiento e implicó a Boye en la trama de falsificación documental, según la defensa de este.
Pero la defensa de Boye recuerda que finalmente Manuel G.R. ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que vuelve a decir que el dinero intervenido es suyo y muestra su disposición a cederlo para indemnizar a los tres policías que resultaron lesionados durante su detención.
Durante su declaración como testigo Isabel Elbal ha recordado que Manuel G.R. encargó al despacho la defensa legal en el expediente administrativo abierto tras haberle sido confiscados 889.620 euros en el aeropuerto.
La testigo ha añadido que Manuel G.R. tenía varias empresas y una apariencia de solvencia indiscutible y acordaron cobrarle el 15 por ciento del dinero que se recuperara.
"Le pedimos documentación para acreditar ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) el origen y el destino del dinero intervenido y él avanzó que la tenía, que procedía de una compraventa de unas letras y que viajaba a Colombia para cerrar un negocio ya comprometido", ha relatado Isabel Elbal.
Ha añadido que Manuel G.R. viajó a Colombia para buscar la documentación que acreditaba el negocio que estaba en vías de adquirir.
Y ha reconocido que le dijeron a Manuel G.R. que "cómo se le ocurrió transportar tal cantidad de dinero" ya que era una "torpeza".
Isabel Elbal y otros letrados del despacho que también han testificado han asegurado que Gonzalo Boye no dio instrucciones para extremar las cautelas sobre los documentos aportados en el Sepblac y en el Juzgado o para alterar o eliminar documentación. EFE
Últimas Noticias
Eurodiputado de Vox llama a impedir "con contundencia" el rezo musulmán en lugares públicos: "Es intolerable"
Albares reitera el apoyo de España a la candidatura de Albania en su proceso de adhesión a la UE
El Gobierno insiste en la "responsabilidad política" de Mazón y reclama al PP que le exija su acta de diputado
Elma Saiz reitera que, pese a la decisión judicial sobre Mazón, existen compromisos institucionales pendientes y urge al principal partido opositor a tomar medidas concretas tras señalar que las consecuencias políticas “son innegables” según sus declaraciones
Pradas pide al CGPJ que requiera audios y mensajes de la querella contra la jueza de la dana que ha inadmitido el TSJ
La defensa de la exconsellera de Interior solicita al máximo órgano judicial que obtenga grabaciones y conversaciones clave incluidas en la demanda contra la magistrada, relacionadas con la tragedia de octubre en Valencia, advirtiendo posibles irregularidades graves en el procedimiento
Fiscalía pide 18 años para un acusado de agredir sexualmente a su hija desde los 8 años en Barcelona
La acusación solicita una condena de casi dos décadas de prisión para un hombre acusado de cometer abusos prolongados contra su hija menor en Cataluña, tras un proceso judicial en el que psicólogas han avalado la versión de la víctima
