Barcelona, 22 ene. (EFE).- Un juicio previsto para este miércoles en Barcelona contra una manifestante que participó en las movilizaciones contra la sentencia del 'procés' de 2019 ha quedado suspendido después de que la fiscal lo haya pedido para estudiar si solicita la amnistía, pese a que la procesada se opone.
En las cuestiones previas de la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia, el ministerio público ha solicitado la suspensión del juicio al entender que sería procedente la aplicación de la amnistía a la acusada, Paula G., para poder elevar así la cuestión a sus superiores con el fin de confirmarlo.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide dos años de prisión para Paula G. por desórdenes públicos, a la que acusa de haber participado en los altercados de una concentración del 18 de octubre de 2019 en la capital catalana, donde hubo lanzamientos de objetos contundentes y de botellas con líquidos corrosivos.
"La acusada, con clara intención de alterar la tranquilidad ciudadana, arrojó piedras, botellas de vidrio y demás objetos contundentes hacia el edificio de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Cataluña", sin que consten daños a agentes ni el deterioro de bienes materiales, subraya el escrito.
Como consecuencia, un juez acordó su ingreso inmediato en prisión provisional al día siguiente de los hechos, que fue revocado 9 días después.
Por su parte, Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidària, el colectivo jurídico encargado de la defensa de la procesada a través la abogada Norma Pedemonte, ha explicado a la prensa que la acusada se opone a la amnistía porque supondría "una manta que tapará todas las vergüenzas del Estado".
"Ella intuye que la amnistía es una manera de tapar las vergüenzas del Estado y las aberraciones de la Generalitat, porque aquellas malas prácticas que han llevado a cabo policías, fiscales y jueces, con la amnistía quedan tapadas", ha indicado.
La letrada de la defensa, Norma Pedemonte, ha solicitado también la suspensión del juicio, si bien para pedir que se remita al juzgado la información sobre el hecho de que uno de los dos agentes de la Policía Nacional previstos como testigos se personó en la causa de Tsunami Democràtic con la acusación de terrorismo.
Pedemonte ha pedido a la jueza que reclame a la Audiencia Nacional que le remitan la documentación oportuna en 30 días.
Además, la abogada ha detallado que este mismo agente se había intentado personar como acusación particular en la causa contra la manifestante que debía ser juzgada este miércoles, algo que finalmente fue desestimado después de que ella ganara el recurso que presentó para oponerse.
La jueza ha acordado finalmente la suspensión de la vista oral, aunque amparándose en la petición efectuada por el ministerio público.
La acusada presentó una denuncia por presuntas torturas en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona, que afecta a 13 agentes de la Policía Nacional -entre los que se encuentra el que se personó en la causa de Tsunami Democràtic-, quienes han solicitado la amnistía, si bien todavía está pendiente si se les concede.
Sobre la denuncia por supuestas torturas, además de la presentada por Paula G., existe una segunda impulsada por otro manifestante. EFE
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