Madrid, 21 ene (EFE).- Cinco entidades sociales, entre las que se encuentran Cáritas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reglamento de la ley de extranjería al entender que el Gobierno ha “dejado atrás” algunos aspectos relevantes para los derechos de las personas solicitantes de asilo.
En un comunicado, las organizaciones denunciantes -entre las que también se incluyen Red Acoge, Andalucía Acoge y Servicio Jesuita a Migrante-, consideran que hay “suficientes fundamentos de derecho” para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos.
A este respecto, advierten de que tal y como está concebido jurídicamente el tiempo de solicitud de protección internacional, que no computa como tiempo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo, la norma supondrá que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa para optar a un arraigo.
“El recurso se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo, y se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo”, justifican.
A pesar de reconocer que el nuevo reglamento recoge “mejoras importantes y fundamentales”, las entidades denunciantes subrayan la importancia de que la legislación española “avance de forma definitiva” en garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo para avanzar en su inclusión como “ciudadanía participante”. EFE
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