Barcelona, 2 dic (EFE).- La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y realizará contratos laborales.
La compañía ha tomado esta decisión tras estar en el punto de mira por el uso de la figura de los autónomos, lo que ha llevado a una juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores. La juez ha citado a declarar mañana mismo como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.
En un comunicado, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.
La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.
La compañía fundada en Barcelona ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores, que Glovo garantiza seguirá siendo "en cualquier momento del día", ni en los tiempos de entrega.
La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector "para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados", ha señalado la compañía tecnológica.
Fundada en 2015 en Barcelona, Glovo ha afirmado que está comprometida "con el desarrollo de la economía digital" en España, y que este nuevo paso "refuerza y consolida" su proyecto en España.
La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.
Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".
La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.
El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social". EFE
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