Condenan a 13 miembros de una red de inmigración irregular que hacía rutas con "pateras taxi"

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de hasta seis años de prisión a 13 miembros de una red criminal que se dedicó a favorecer la inmigración irregular a través de rutas rápidas de "pateras taxi" desde el norte de África hasta la costa almeriense, donde proporcionaban cobijo en poblados chabolistas antes de facilitar la llegada de algunos de los migrantes hasta Francia.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, diferencia distintos grados de participación entre los 19 acusados, uno de los cuales ha resultado absuelto mientras que otros cinco permanecen en situación de rebeldía procesal, por lo que no han podido ser juzgados.

El fallo impone la pena más alta al considerado como 'cabecilla' de la organización, al que condenan por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros a seis años de cárcel por "ser el jefe de la organización que controlaba toda las actividades" con las que, según se desprende de la investigación, ayudó a entrar de manera irregular en el país a "700 personas".

Asimismo, tiene en cuenta para agravar la pena a este condenado la utilización de "fuerza y coacciones" entre los inmigrantes, ya que también dio órdenes a otros de los implicados para que estos se aseguraran de que los inmigrantes pagaban por la travesía las cantidades requeridas, que oscilaban entre los 4.000 y 5.000 euros.

De este modo, impone cuatro años y medio de prisión por el mismo delito a otros tres acusados, quienes habrían actuado desde el segundo rango en el escalafón de la organización al ser quienes se aseguraban de los pagos y ejecutaban las órdenes del líder del entramado destapado por la Guardia Civil.

La sentencia, dictada el pasado 28 de junio, da cuenta de varios periodos situados entre el 18 de abril y el 24 de mayo de 2021 en el que se producían desembarcos simultáneos de pateras que dificultaban la labor del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para asegurarse los desembarcos de las neumáticas, ocupadas por hasta 15 personas.

El tribunal estima que los implicados "crearon un sistema estructurado, concatenado y temporalmente estable" en el que cada uno de ellos "asumía una función definida" para recibir a los migrantes que partían de las costas de Argelia, facilitarles su desembarco en las playas de Almería y ocultarlos hasta poder llevarlos a Francia; sentido en el que recibían remesas de dinero a cambio.

Para ello, el líder de la organización era quien establecía un "contacto directo" con las mafias argelinas para conocer las fechas, horas y puntos de desembarco de las "pateras-taxi" y, a su vez, coordinar el resto del grupo, de modo que se le achaca un "papel prepoderante" en el seno de la red. También era el encargado de recibir el dinero que luego repartía entre el resto de acusados según su intervención.

A partir de ahí, se daba una fase intermedia en el que sus colaboradores se dedicaban a recibir a los ocupantes de las pateras que llegaban principalmente a la zona del Levante almeriense y Cabo de Gata para trasladarlos a inmuebles bajo su control de Almería y Murcia o a asentamientos chabolistas.

Estos, a su vez, llegaban a contactar con otros miembros que se situaban en una escala inferior en la organización, quienes se ocupaban de la recepción, ocultación y traslado hasta la frontera francesa de algunos de los migrantes. Asimismo, cuando no podían cruzar de inmediato, les procuraban alojamiento en un hotel cuyo propietario actuaba "en connivencia" con ellos. Estos recibían como contraprestación entre 400 y 500 euros.

Los miembros de la organización recibían los pagos a través de empresas remesadoras con datos de terceros, quienes ignoraban la ilícita utilización de sus datos. Para ello, se servían además de una agencia de viajes en la que trabajaba uno de los acusados, cuyo propietario era ajeno a esta actividad ilícita.