Madrid, 11 jul (EFE).- El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen sobre el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa presentado por el Gobierno, que busca mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Justicia e incluye aspectos como el uso de las lenguas cooficiales.
La mayoría del Congreso (con 178 votos a favor y 170 abstenciones) ha apoyado el texto que ahora seguirá su tramitación en el Senado y que durante su paso por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha incorporado 29 enmiendas transaccionales.
"La ley sale mejor de lo que entró", ha reconocido durante su intervención para la defensa de la iniciativa el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha afirmado que se trata de una ley "útil, pionera en Europa y que garantiza un derecho fundamental".
Bolaños ha defendido que gracias a esta ley, los colegios de abogados tendrán una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de sus competencias, al tiempo que los letrados "van a tener más garantías también para ejercer su profesión".
"Y es una ley útil para los ciudadanos, que van a tener la tutela del derecho fundamental a la defensa más garantizada", ha subrayado el titular de Justicia.
El proyecto de ley orgánica del derecho de defensa prevé el desarrollo de una norma que regule las funciones de los profesionales del turno de oficio en el servicio público de asistencia jurídica gratuita.
Contempla, además, que en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, se pueda utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como el derecho a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas.
En este sentido, el texto indica que si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación o traducción.
Otro de los aspectos que incluye el texto es que el uso de medios técnicos o informáticos en el proceso judicial no suponga una dificultad para garantizar la efectividad del derecho de información, especialmente en personas de la tercera edad o con discapacidad, asegurando que la brecha digital no condicione la efectividad de este derecho.
Se reconoce a los profesionales de la abogacía el derecho a la conciliación y al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad.
Así, los profesionales de la abogacía tendrán derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge, pareja o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad.
También se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.
La mayoría de los grupos ha celebrado la norma, aunque desde el PP la diputada María del Mar González ha criticado que no se tuvieran en cuenta las enmiendas de su grupo destinadas, entre otras, a luchar contra el intrusismo profesional.
González ha reprochado al PSOE que "ceda" antes sus socios con el uso de las lenguas cooficiales, al tiempo que ha criticado la actuación del Fiscal General del Estado en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"No es un chantaje independentista, es simplemente un derecho de los justiciables", ha defendido por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda, postura igualmente defendida por BNG y Bildu, grupo este último que ha reclamado que se mejoren las condiciones de los abogados del turno de oficio. EFE
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