La ley de transparencia que prevé eliminar la Oficina Anticorrupción, a debate este martes en el Parlament balear

La ley de transparencia y control de los cargos públicos, que impulsa el PP, y que prevé liquidar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, se debatirá y, previsiblemente, aprobará en el pleno del Parlament de este martes. El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido el cierre de la Oficina Anticorrupción porque se trata de un órgano que "no funciona ni ha funcionado nunca", lamentando que "el PSOE la creó como máquina de barro contra los partidos de la oposición con sueldos estratosféricos para sus trabajadores pero que cuando ponían al PSOE en el foco de sus investigaciones, escondían el tema". El PSIB, sin embargo, ha alertado que la ley de transparencia, impulsada por los 'populares', elimina el régimen sancionador, incrementando la sensación de impunidad, y convierte al Govern en juez y parte, al asumir la tramitación de quejas y reclamaciones en un departamento dependiente de la Conselleria de Presidencia. Esta cuestión y otras derivadas han llevado a los socialistas a estudiar la posibilidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. En relación a la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha vaticinado que "no le ve mucho recorrido" porque la Oficina Anticorrupción no es un órgano previsto en la Constitución ni el Estatut. "Así como el Parlament la creó, la puede cerrar", ha afirmado, antes de calificar la posible medida como una maniobra del PSIB para dilatar los tiempos. Ribas ha adelantado el voto favorable de Vox a la ley de transparencia, argumentando que se ha demostrado que la Oficina Anticorrupción, además de suponer una duplicidad de funciones, ha resultado ser "ineficaz e ineficiente". Sobre esta cuestión, también se ha pronunciado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, aunque ha afirmado que prefiere esperar al pleno de este martes, cuando antes de votar la ley, se votará, a instancias de Més per Menorca, si se pide al Consell Consultiu un informe sobre la ley, que el portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, ha calificado como una "chapuza". OTROS TEMAS El pleno del Parlament de este martes abordará asimismo otros temas, empezando por los que se tratarán durante el debate de las preguntas de control al Govern, que comenzará a las 09.00 horas. Durante la sesión de control, los grupos se interesarán sobre todo por la situación de la vivienda en Baleares; las ayudas al sector agrario y ganadero; la ley de amnistía; la financiación autonómica y por el expediente de la empresa Soluciones de Gestión y Ayudas a Empresas S.L., la empresa investigada en el 'caso Koldo'. Precisamente, en relación al expediente de las mascarillas los portavoces del PSIB y MÉS per Mallorca, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, han criticado que el Govern, a través del IbSalut, únicamente permita acudir a las dependencias del organismo a consultarlo y que, en todo caso, no se lo entregue completamente. Sin embargo, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha asegurado que el viernes a las 09.00 horas el IbSalut ya respondió a las peticiones de Vox, PSIB y MÉS trasladando que tenían a su disposición en las dependencias un CD con toda la documentación requerida. La respuesta recibida por el PSIB el viernes, sin embargo, solo dice que "dado el volumen de documentación, se facilitará el acceso a las dependencias al IbSalut", sin referencias a teléfono ni CD. Asimismo, en la sesión plenaria, el PSIB-PSOE interpelará al Govern sobre su política general en materia de recursos hídricos. También, serán los socialistas quienes defiendan una moción relativa a la política general del ejecutivo en materia de función pública. Con esta moción, el PSIB-PSOE tratará de conseguir el apoyo de la Cámara para instar al Govern a mantener el requisito del catalán en los procesos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma; a convocar en el plazo máximo de un mes, la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y la Mesa del Sector Público Instrumental; a cumplir con el decreto ley 6/2022 de 13 de junio de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública; a convocar de manera inminente la convocatoria ordinaria de carrera profesional del año 2024 y a mantener la tasa de temporalidad en la función pública por debajo del ocho por ciento, entre otras medidas. Finalmente, el pleno de este martes debatirá el informe sobre el cumplimiento del Parlament de los Presupuestos de la Cámara para el ejercicio del pasado año 2023.