Girona, 22 nov (EFE).- La red de exportación de marihuana a Europa desde la comarca del Alt Empordà (Girona) desarticulada el pasado 9 de noviembre blanqueaba los beneficios que obtenía a través de una gestoría desde la que adquiría domicilios, locales y abría negocios aparentemente legales.
Los Mossos d'Esquadra, que se coordinaron con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para acabar con esta estructura criminal, han dato este miércoles los detalles del operativo, que se saldó con catorce detenciones.
Los investigadores estiman en 1,1 millones de euros el beneficio obtenido por la organización con la venta de marihuana, de la que se intervinieron catorce kilos y 5.000 plantas, además de dos armas de fuego con munición real.
Los agentes llevaron a cabo quince entradas y registros el 9 de noviembre en los municipios de Figueres, Sant Pere Pescador, Vilacolum, Vilamacolum, L'Escala, Castelló d'Empúries y Girona.
Los arrestados son nueve hombres y cinco mujeres de entre 23 y 74 años, que formaban parte de esa organización con epicentro en el Alt Empordà.
El dispositivo sirvió para desmantelar cinco plantaciones interiores e intervenir los catorce kilos de cogollos secos aptos para la venta y las armas, además de cinco vehículos y 57.000 euros en efectivo.
La investigación arrancó hace un año cuando los Mossos tuvieron conocimiento de un robo en dos naves industriales de Vilamalla (Girona) en las que había plantaciones cultivos de marihuana con un nivel de instalación muy sofisticado.
Los delincuentes habían construido invernaderos con materiales que contenían aislantes térmicos y lumínicos que les permitían disponer de un entorno controlado para garantizar la productividad y evitar que los excesos de temperatura o luz alertasen de la actividad.
Además, disponían de conducciones circulares de agua que les permitían una mayor eficiencia en el sistema de riego.
Aquel incidente permitió desmantelar aquella plantación y, más tarde, realizar otras dos aprehensiones de marihuana en el núcleo de Empuriabrava, en Castelló d'Empúries, todo en la comarca del Alt Empordà.
Los investigadores averiguaron que la organización dedicaba los cultivos a la exportación de la droga a Europa y que falsificaban la documentación en los contratos de alquiler de las naves industriales para no levantar sospechas ni dar datos personales de los líderes de la banda.
Sus integrantes desarrollaban diferentes papeles que iban desde los jardineros de la parte más baja de la estructura hasta los encargados de gestionar las plantaciones o quienes disponían de contactos para darle salida a la droga en el extranjero.
Otras personas invertían el dinero obtenido en acumular patrimonio a través de la compra de propiedades y de esa apertura de negocio a través de sociedades a nombre de familiares próximos.
Algunos también actuaban como intermediarios que simulaban ser empresarios solventes para obtener el alquiler de naves y casas o blanqueaban a través de facturación falsa. EFE
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