
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto sobre la mesa de los partidos políticos un paquete de diez reformas para rebajar costes, facilitar el acceso a prestaciones y reducir trámites. Entre las medidas figuran dos años sin pagar cuota al iniciar una actividad, un régimen de IVA para pequeños negocios y cambios en la jubilación activa.
Las propuestas llegan a seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuya campaña se celebrará entre el 13 y el 27 de ese mismo mes. Quienes formen parte del futuro Ejecutivo deberán afrontar, entre otros asuntos, la revisión del sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Un modelo que calcula la cuota a la Seguridad Social según el rendimiento neto del negocio.
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España cerró septiembre con 3.483.645 autónomos afiliados, 14.229 más que el mes anterior, según los datos recopilados por ATA a partir de la afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, el comercio perdió 763 cotizantes y la hostelería, otros 2.315. El aumento global, por tanto, no evita el retroceso de actividades donde predominan pequeños negocios y empleo por cuenta propia.
Dos años de cuota cero para iniciar una actividad
La principal medida del documento es la cuota cero durante los dos primeros años para quienes se den de alta como autónomos. ATA propone ampliar ese plazo a tres años para menores de 30 años, mujeres que retomen la actividad tras la maternidad y personas cuyos ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).
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La asociación también plantea una tarifa de 30 euros mensuales para estudiantes menores de 30 años que compatibilicen una actividad propia con estudios reglados o formación profesional. Para quienes ya estén incluidos en los tramos reducidos de cotización, reclama bonificaciones de entre el 15% y el 75% durante dos años, según los rendimientos declarados.
La medida responde a uno de los principales costes fijos de quien abre un negocio: la cotización a la Seguridad Social. La propuesta, sin embargo, se limita a las nuevas altas y a determinados perfiles de renta baja, por lo que dejaría fuera a autónomos con negocios ya consolidados que afrontan aumentos de alquileres, suministros o costes laborales.
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El IVA franquiciado para negocios con menos de 85.000 euros de facturación
ATA pide aplicar un régimen de IVA franquiciado para los autónomos persona física que facturen menos de 85.000 euros anuales en operaciones dentro de España. El límite ascendería a 100.000 euros para actividades transnacionales.
Quienes eligieran este régimen no cobrarían IVA a sus clientes ni tendrían que presentar las cuatro declaraciones trimestrales habituales. En su lugar, harían un único trámite al año. La asociación defiende que la medida reduciría trámites y mejoraría la liquidez de pequeños profesionales y negocios.
No cobrar IVA puede simplificar la gestión de actividades que venden sobre todo a clientes particulares. En cambio, resultaría menos atractivo para quienes trabajan principalmente con empresas, ya que estas pueden descontarse el IVA que pagan en sus compras.
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La propuesta se sumaría a otras peticiones fiscales de ATA, como ampliar las deducciones por gastos de difícil justificación y reconocer de forma general una deducción del 50% en conceptos como vehículo, carburante, suministros y manutención.
La jubilación activa permitiría cobrar el 100% de la pensión antes
El tercer bloque de propuestas se refiere a la jubilación activa, la fórmula que permite compatibilizar una pensión con el mantenimiento de una actividad económica. ATA reclama eliminar el año de espera para acceder a ella.
Para los autónomos sin trabajadores a cargo, plantea una compatibilidad progresiva: cobrar el 35% de la pensión el primer año, el 50% el segundo, el 75% el tercero y el 100% a partir del cuarto. Para quienes tengan al menos un empleado, socio o familiar colaborador, propone permitir el cobro íntegro desde el inicio.
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Una demanda que se relaciona directamente con el relevo generacional, especialmente en el pequeño comercio y los oficios. ATA reclama contratos intergeneracionales y otras fórmulas para facilitar la transmisión de negocios cuando su titular se acerque a la jubilación.
También propone que, durante los cinco años previos al retiro, el titular pueda cotizar junto a un aprendiz o colaborador no familiar para favorecer el aprendizaje y la continuidad del negocio.
El problema del relevo generacional afecta de forma desigual según actividad y territorio: los sectores con más presencia de comercio tradicional, hostelería o actividades rurales concentran una parte importante de los negocios que necesitan esa continuidad.
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Que el paro de los autónomos sea más accesible
Las medidas no se limitan a las cuotas y los impuestos. ATA solicita que el cese de actividad -la prestación que pueden cobrar los autónomos cuando dejan su negocio y que suele conocerse como su paro- se reconozca de forma automática cuando haya cierre definitivo y baja censal en Hacienda en determinados supuestos, como negocios con local, oficina, nave o explotación agraria.
La baja censal es la comunicación formal a Hacienda de que una persona deja de desarrollar una actividad económica. La organización plantea que este trámite sirva para acreditar el cierre en los casos previstos, sin obligar al autónomo a aportar más pruebas sobre la inviabilidad del negocio.
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En los cierres temporales, la organización propone rebajar al 50% la caída de ingresos necesaria para acceder a la prestación. También reclama que los autónomos que agoten esa ayuda puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una protección que ahora no tienen en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados.
El documento incorpora bonificaciones del 100% de la cuota desde el primer día en casos de enfermedad grave, medidas para facilitar sustituciones durante el embarazo y la maternidad, y más apoyo para quienes deben cuidar a familiares con enfermedad grave o discapacidad. La bonificación supondría que el autónomo no pagaría su cuota a la Seguridad Social durante ese periodo.
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Cotizar según los ingresos y evitar subidas ya fijadas
ATA reclama que familiares colaboradores y autónomos societarios coticen en función de sus ingresos reales, sin bases mínimas específicas. Los autónomos societarios son quienes trabajan a través de una sociedad, mientras que los familiares colaboradores desarrollan su actividad de forma habitual en el negocio de un pariente. ATA plantea que ambos paguen su cuota en función de lo que ganan, como el resto del colectivo.
También pide adelantar las devoluciones de cuotas pagadas de más. Estas se producen cuando la Seguridad Social revisa los ingresos reales y concluye que el autónomo adelantó una cantidad superior a la que le correspondía. ATA propone que el reintegro se haga antes del 31 de diciembre, en vez de esperar hasta el 31 de mayo del año siguiente.
La organización plantea además evitar subidas predefinidas hasta 2030. Pide que las cuotas se revisen cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado y mediante acuerdo con las organizaciones de autónomos, en lugar de aplicar incrementos ya fijados de antemano.
La ventanilla única y el silencio positivo para reducir trámites
A nivel administrativo, ATA propone una ventanilla única digital para concentrar trámites y ayudas, un análisis previo del efecto de cada norma sobre negocios de menos de 10 trabajadores y el silencio administrativo positivo como regla general, salvo excepciones justificadas.
El silencio administrativo positivo implica que una solicitud se considera aprobada si la Administración no responde dentro del plazo legal. No se aplicaría a todos los procedimientos, ya que hay materias que exigen una resolución expresa.
Además, la asociación plantea un derecho al error para que la primera incidencia administrativa se resuelva con un aviso y un plazo de corrección, sin sanción. La idea es que un autónomo que cometa un fallo por primera vez -por ejemplo, en una declaración o un trámite- reciba instrucciones para subsanarlo y solo sea multado si reincide.
Por último, ATA pide limitar las notificaciones a días laborables y horario comercial, y que el pronto pago de una multa no impida recurrirla, ya que actualmente, abonar una sanción con reducción suele cerrar la vía de recurso.
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