Varios inquilinos pagaban 350 euros al mes por vivir en un camping: ahora serán expulsados

Nueve personas que llevaban entre tres y cinco años residiendo de forma permanente en un camping del sureste de Francia deberán abandonar el lugar tras una decisión judicial que ordena su desalojo y el desmantelamiento de todas las instalaciones. El fallo fija como fecha límite el 1 de mayo y pone fin a una situación que los afectados consideraban su hogar.

Los inquilinos viven en el camping de Ponet-et-Saint-Auban, en la región de la Drôme, donde el propietario había instalado casas prefabricadas para alquilarlo como residencia habitual. El coste del alquiler rondaba los 350 euros mensuales con gastos incluidos, una cifra que les permite acceder a una forma de vida más asequible en un entorno natural y tranquilo.

Sin embargo, una sentencia dictada el 20 de marzo ha determinado que el uso actual del terreno no se ajusta a la autorización administrativa concedida en 1996. Este permiso solo permitía la acampada estacional, limitada a un máximo de dos meses al año y bajo condiciones estrictas, sin la posibilidad de establecer viviendas permanentes ni infraestructuras fijas.

El tribunal ha ordenado al propietario del camping retirar las casas prefabricadas, caravanas y cualquier estructura instalada, incluidas las losas de hormigón y las conexiones a servicios básicos. La resolución considera que la transformación del espacio en un uso residencial permanente vulnera la normativa urbanística vigente, según recoge el medio Midi Libre.

Un conflicto que deja a los residentes sin alternativa

Los afectados denuncian que la decisión les ha dejado en una situación de gran incertidumbre. Algunos aseguran sentirse “los olvidados” de un conflicto en el que, según relatan a Le Dauphiné Libéré, no han tenido capacidad de participación ni margen de negociación. Afirman que eligieron este modelo de vida por razones económicas y por la calidad del entorno, pero ahora se enfrentan a la obligación de abandonar sus viviendas en pocas semanas.

El ayuntamiento sostiene que el marco legal es claro y que el terreno nunca debió albergar residencias permanentes. Según la administración local, el propietario habría instalado las casas prefabricadas sin adaptar el proyecto a la normativa ni solicitar las autorizaciones necesarias, lo que ha derivado en una situación irregular imposible de regularizar.

El fallo judicial no solo ordena el desalojo, sino también el desmantelamiento completo de las instalaciones, lo que implica devolver el terreno a su estado original conforme al permiso de 1996. La decisión ha sido recurrida por la parte administradora del camping, aunque el proceso de apelación no suspende automáticamente su ejecución.

Mientras tanto, los inquilinos tratan de organizarse para responder de forma conjunta. Algunos han iniciado contactos con abogados con el objetivo de solicitar la suspensión temporal del desalojo hasta que se resuelva el recurso.

A pesar de la situación, los residentes insisten en que no se trata de una ocupación turística, sino de su vivienda habitual desde hace años, y piden que se tenga en cuenta el impacto humano de la decisión. Por su parte, las autoridades mantienen que el caso responde únicamente al incumplimiento de la normativa vigente y que no existe base legal para mantener la situación actual.