Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio ha reavivado los temores de un nuevo shock económico a escala global, cuyo alcance podría afectar de manera significativa a la economía española por diversas vías. Según el análisis de CaixaBank sobre esta situación, existen tres canales principales de impacto: el auge de la inflación por el encarecimiento de la energía y otros productos provenientes del Golfo Pérsico, una posible contracción de la demanda externa debido a la ralentización de los socios comerciales y, finalmente, el endurecimiento de las condiciones financieras por la evolución de los tipos de interés y la incertidumbre en los mercados.

Ante esta situación, el Gobierno de España ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales el pasado 20 de marzo como mecanismo de contención ante los riesgos derivados de este escenario, con un desembolso inicial de 5.000 millones de euros, donde los principales destinatarios serán los sectores más perjudicados, como transporte, agricultura y ganadería.

El posible encarecimiento sostenido de la energía amenaza con elevar la inflación. Un aumento del 10% en el precio del Brent puede traducirse en un incremento de 0,2 puntos porcentuales en el índice general de precios, mientras que un incremento del 10% en el gas equivale a un alza de aproximadamente 0,05 puntos, según las estimaciones de CaixaBank.

En un contexto donde el precio medio del petróleo alcance los 85 dólares por barril y el gas los 55 euros, el impacto agregado podría añadir hasta un punto porcentual a la inflación estimada para este año, actualmente situada en el 2,4%. La aplicación de las medidas fiscales permitiría moderar este impacto en unas cuatro décimas y limitar la inflación promedio de 2026 en torno al 3%.

El traslado directo e indirecto de la inflación

El traslado directo de los aumentos en el precio del petróleo y del gas se percibe con rapidez en los carburantes, en el coste del gas natural y en la factura eléctrica, dada la influencia del gas en la producción de electricidad. La traslación indirecta, sin embargo, se desarrolla de forma más paulatina y afecta al conjunto de los productos, dado que la energía interviene como insumo básico en la mayoría de los procesos industriales.

Además, los antecedentes de 2022 y de episodios anteriores revelan un desfase de alrededor de nueve meses en la llegada de estos efectos secundarios. La magnitud final de este fenómeno dependerá de la persistencia del encarecimiento energético y de la eficiencia del soporte fiscal decretado. En paralelo, la eventual consolidación de una tregua en la zona podría frenar el repunte inflacionario, si bien ello también supondría el fin prematuro de las ayudas fiscales, según lo estipulado en la norma aprobada.

El impacto real en la economía española

La exposición directa de España a los países del Golfo Pérsico resulta limitada: en 2025, las exportaciones de bienes y servicios a toda la región representaron solo un 2% del total, equivalente al 0,7% del PIB. Si se repitiera el patrón registrado tras la guerra entre Rusia y Ucrania -cuando las exportaciones a ambos países se redujeron a la mitad- el descenso resultante en el PIB apenas supondría unas 0,15 décimas. Este cálculo se considera cauteloso, dada la mayor severidad del conflicto ruso-ucraniano y el régimen sancionador impuesto por la Unión Europea en ese caso.

Más allá del comercio directo, el principal riesgo responde a la evolución de los mercados internacionales. Si se produjera una ralentización del 1% en los principales destinos de las exportaciones españolas, la repercusión sería de unas 0,2 décimas menos de crecimiento del PIB. No obstante, por el momento, el Banco Central Europeo ha disminuido solo en 0,3 puntos el crecimiento estimado de las importaciones en la eurozona -principal destino comercial español- como consecuencia del conflicto en Irán.

En el plano financiero, el clima de incertidumbre determina las decisiones de gasto e inversión de empresas y hogares. Un aumento puntual del índice de incertidumbre económica medido por el Banco de España durante un trimestre puede asociarse a una reducción anual del PIB próxima a 0,2 puntos porcentuales -según CaixaBank-. Aunque en marzo se ha detectado un incremento visible en este indicador, su magnitud no ha resultado suficiente como para incidir de forma significativa en el balance del primer trimestre.

El plan de choque del Gobierno de España

Como respuesta a la amenaza inflacionista y la vulnerabilidad de determinados sectores, el Gobierno puso en marcha el 22 de marzo una batería de medidas fiscales. La previsión oficial sitúa el coste del plan en torno a 5.000 millones de euros -equivalente al 0,3% del PIB- en el caso de que la vigencia se extienda hasta el 30 de junio. El gasto definitivo dependerá tanto de la duración de la crisis como de la evolución de los precios y la demanda. Del importe total, un 60% -unos 3.000 millones de euros- corresponde a la reducción de ingresos fiscales ligados a la energía.

El decreto incluye una reducción del IVA al 10% en carburantes y electricidad, así como la disminución al mínimo permitido del impuesto especial de hidrocarburos y la fijación del impuesto especial de electricidad en el 0,5% frente al 5,11% anterior. Además, se ha suspendido de forma temporal el impuesto a la producción eléctrica (IVPEE). Para el sector agrario y del transporte se contempla una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, extensible a autónomos y operadores sin derecho a devolución del impuesto, junto a una ayuda extraordinaria de 500 millones de euros destinada a paliar el aumento del coste de los fertilizantes y bonificaciones de peaje para la industria electrointensiva.

Además, la acción del plan actúa sobre la factura energética familiar, permite absorber parcialmente el efecto negativo desde una perspectiva macroeconómica y se caracteriza por su agilidad de despliegue. De prolongarse la situación más allá del 30 de junio, las recomendaciones apuntan a una concentración mayor de los esfuerzos en los colectivos y sectores más vulnerables, a fin de mejorar la eficiencia y contener el gasto público.

La evaluación de los posibles escenarios económicos dibuja dos alternativas para los analistas de CaixaBank. El primer supuesto sería compatible con una resolución ágil del conflicto y daños limitados y reversibles en la infraestructura energética. El segundo, de corte adverso, proyecta una crisis de varios meses, perjuicio considerable para las infraestructuras del sector y prórroga de las medidas fiscales.