Los fondos de inversión que mantienen pleitos contra España en relación al recorte de las primas a las energías renovables -llevada a cabo durante el gobierno de Mariano Rajoy- han situado a la Selección Española de Fútbol y su próxima participación en el Mundial 2026 como nuevo objetivo para intentar cobrar las indemnizaciones respaldadas por la justicia estadounidense.
Estos acreedores han remitido requerimientos judiciales a empresas como Adidas, cadenas hoteleras como Hilton, operadores logísticos y firmas vinculadas a infraestructuras que servirán de base de operaciones para el equipo nacional durante su estadía en Estados Unidos, en un intento de localizar movimientos económicos susceptibles de embargo.
El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha recibido varias solicitudes formales del fondo Blasket Renewable Investments, que se posiciona como el mayor acreedor y ha intensificado las acciones de búsqueda de bienes y activos del Estado español en Estados Unidos. En el caso concreto que afecta a la entidad inversora RREEF, la deuda reconocida por la corte arbitral del CIADI asciende a 74 millones de euros.
Este monto incluye intereses de demora a la cantidad inicial de 40 millones y ha dado pie al envío de decenas de requerimientos a empresas que tengan cualquier tipo de relación financiera con España. La justicia de Estados Unidos ha reconocido ya siete sentencias a favor de los demandantes, consolidando el país como jurisdicción clave para intentar ejecutar los embargos.
Así, el objetivo de los acreedores es detectar y embargar fondos ligados a la participación de España en el Mundial, fiscalizando los pagos y contratos asociados al viaje, el alojamiento y la preparación de la selección nacional. Las siete sentencias admitidas a trámite suman 688,4 millones de euros en indemnizaciones contra el Estado español por los recortes a las renovables, lo que permite a los fondos reclamar el embargo de activos y cuentas vinculadas a la presencia española en el territorio estadounidense.
Otras empresas españolas en el punto de mira
El rastreo judicial no solo apunta a ingresos derivados del Mundial. Blasket Renewable Investments ha extendido sus actuaciones con el envío de requerimientos a empresas y entidades españolas como SEPI, Renfe, Enaire, Paradores, Ineco o el Instituto Cervantes, solicitando información sobre flujos financieros y contratos mantenidos en Norteamérica. El objetivo pasa por determinar si estas organizaciones pueden ser identificadas como “alter ego” del Estado y, por tanto, sus activos se incluyan en los posibles embargos.
La presión judicial tiene un alcance global. Además de los avances en Estados Unidos, los fondos recuerdan que tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur han fallado en contra del Estado español, mientras que la justicia belga mantiene bloqueados 482 millones de euros en bienes vinculados a los mismos litigios.
La ofensiva de los acreedores se enmarca en la ejecución de laudos internacionales que acumulan una cifra superior a 2.300 millones de euros, entre compensaciones e intereses de demora por los recortes a las primas renovables aplicados hace más de una década durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Los propios fondos han calificado la situación de “insostenible” y reclaman la apertura de una negociación para evitar un deterioro “mayor de la imagen internacional de España”. El volumen de litigios forzados por fondos que han adquirido los derechos de los inversores originales se extiende a varios países, con dictámenes favorables en cortes superiores de distintas jurisdicciones.
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