Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

Han pasado ya ocho años desde que comenzó la investigación del conocido como ‘caso Kitchen’ y dos años desde que se abrió el juicio oral, pero no es hasta este lunes cuando comienza el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por, presuntamente, haber espiado al extesorero del PP, José Luis Bárcenas.

El principal nombre entre los acusados es el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien la Fiscalía sitúa en la cúspide de la presunta operación parapolicial. Junto a él será juzgado quien fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, considerado una pieza clave en la supuesta coordinación del dispositivo. Ambos habrían participado, según las acusaciones, en el diseño y puesta en marcha de un operativo destinado a obtener información comprometedora de Bárcenas.

En el banquillo también se sentarán varios mandos policiales, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, así como el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, y el comisario Andrés Gómez Gordo, a quienes se vincula con tareas de coordinación y ejecución del dispositivo.

También está acusado el policía Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, que habría actuado como confidente al servicio del operativo, proporcionando información a cambio de contraprestaciones económicas y laborales. Su papel es considerado central en la obtención de datos del entorno del extesorero.

El espionaje a José Luis Bárcenas

Los hechos que se van a juzgar en estos próximos meses en la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 2013 y 2025, cuando —siempre según la Fiscalía y las acusaciones— se puso en marcha desde el Ministerio del Interior un operativo clandestino, al margen de cualquier control judicial, para espiar a José Luis Bárcenas y apoderarse de documentación sensible relacionada con la financiación irregular del Partido Popular en el marco del caso Gürtel.

En concreto, la acusación sostiene que ese dispositivo, bautizado como operación Kitchen, habría tenido como objetivo localizar y sustraer pruebas comprometedoras que podían afectar a altos cargos del partido.

Según la investigación, el operativo se habría diseñado en 2013, cuando Bárcenas ya estaba en el foco judicial, y habría contado con la participación de la cúpula de Interior, encabezada por Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. A ellos se les atribuye haber dado la orden política para activar un dispositivo que, presuntamente, fue ejecutado por mandos policiales como Eugenio Pino y el comisario José Manuel Villarejo, dentro de una estructura jerárquica que los investigadores describen como piramidal.

Uno de los elementos centrales del caso es la captación como confidente del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien habría sido retribuido con fondos reservados, más de 50.000 euros según las actuaciones, y recompensado con un puesto en la Policía. A través de él, los agentes habrían accedido a información, documentos y dispositivos electrónicos del extesorero, incluyendo móviles y una tablet cuyo contenido habría sido copiado y entregado a los responsables del operativo.

La causa también pone el foco en el uso de recursos públicos para fines presuntamente ilícitos, ya que se habrían empleado fondos reservados del Estado y medios policiales para una operación orientada a obstaculizar investigaciones judiciales en curso. Entre los hechos que se analizan, figura incluso el intento de acceder a documentación guardada en el entorno familiar de Bárcenas, en un contexto en el que ya se investigaban los llamados “papeles de Bárcenas”, relativos a una supuesta contabilidad paralela del partido.

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal

Dentro de esta trama han quedado fuera el resto de dirigentes políticos del PP que no se encontraban dentro del propio Ministerio del Interior. El juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, decidió no procesar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni a su marido pese a los indicios y a las grabaciones aportadas por el comisario José Manuel Villarejo, que apuntaban a contactos de ellos con mandos policiales implicados en el operativo.

En uno de estos audios se puede escuchar a la propia Cospedal hablando con Villarejo de la necesidad de que “lo de la libretita” —en referencia a la contabilidad manuscrita de Bárcenas— “sería mejor poderlo parar” y que había que “laminar” al extesorero para evitar que esas informaciones salieran a la luz, a lo que Villarejo supuestamente respondía que estaría “al loro”. El magistrado consideró que no había pruebas suficientes para acreditar su participación directa en la trama, una decisión que no contentó a todas las acusaciones.

Tampoco se sentará en el banquillo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuya eventual implicación fue objeto de debate durante la investigación. Aunque diversas líneas de indagación trataban de esclarecer si la operación pudo tener un origen político más amplio, el instructor concluyó que no existían elementos sólidos para atribuirle responsabilidad penal. De este modo, el juicio se centrará exclusivamente en la cúpula de Interior y los mandos policiales procesados, dejando fuera la posible derivada política más amplia del caso.

Esto no quita que Cospedal y Rajoy hayan sido llamados a declarar como testigos en el juicio. Lo harán el próximo 23 de abril, a petición de la acusación que ejerce el partido Podemos en la causa. Ese mismo día también declarará el hijo del extesorero del PP, Willy Bárcenas -vocalista del grupo Taburete-, y el 11 de mayo será el turno del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las penas que enfrentan los acusados

En cuanto a las penas que afrontan los acusados y los delitos por los que se les imputa, la Fiscalía Anticorrupción ha detallado en su escrito de acusación las calificaciones penales que pide para cada uno. Para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la petición de condena es de 15 años de prisión y más de 30 años de inhabilitación, por delitos que incluyen encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad por presuntamente utilizar la estructura del Ministerio del Interior y fondos reservados para organizar y financiar la operación Kitchen.

El mismo paquete de penas también se solicita para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, en cada caso por su papel en la ejecución del operativo clandestino, presunta organización criminal, revelación de secretos y malversación. Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, cuya actuación material como intermediario fue especialmente señalada, la Fiscalía eleva la pena solicitada hasta los 19 años de prisión.