Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

El Congreso ha dado luz verde de manera definitiva a la Ley Multirreincidencia impulsada por Junts per Catalunya, que reformará el Código Penal y endurecerá las penas contra los reincidentes en delitos de hurto leve o estafa. La norma ha salido adelante con los votos de del PP, PSOE, Vox, PNV y UPN, lo que suma 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones.

La iniciativa fue admitida a trámite el pasado febrero gracias a los votos de PSOE, PP, Vox y PNV; pero hasta este mismo mes había permanecido atascada en el cajón del Congreso —una práctica habitual cuando al Gobierno no le interesa debatir o votar una ley—.

¿Qué ha cambiado para que se vote este jueves? Todo llega a raíz de la ruptura de los de Puigdemont con el Gobierno, que dejó muy tocada la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. El PSOE ha estado realizando gestos políticos para tratar de reconducir las relaciones. Uno de ellos fue precisamente permitir que la medida siguiese su curso parlamentario. Esto ocurrió a pesar de las reticencias de sus socios minoritarios y Podemos, que tachan la medida de “populismo punitivo” y la acusan de alimentar el “discurso racista”.

Junts justifica que “numerosos alcaldes” en Cataluña denuncian que, en sus municipios, un reducidísimo grupo de personas fue autor de “oleadas de delitos poco graves”, especialmente hurtos, y, en ocasiones, peleas, que “el sistema —ya sea policial, administrativo o judicial—" no era capaz de evitar.

La gran novedad: tres años por robar móviles, tablets o portátiles

Actualmente, el Código Penal castiga el delito de hurto con pena de prisión de seis a dieciocho meses cuando la cantidad supera los 400 euros. Cuando es inferior, la pena se reduce, de uno a tres meses. La gran novedad de la medida es la pena de cárcel que se introduce cuando el delito tiene que ver con robos de móviles o cualquier otro “dispositivo electrónico o tecnológico”. Eso sí, quedan descartados los que han sido sustraídos de almacenes o comercios, por lo que se limita solo a aquellos que contienen “datos personales”.

Entre otras cosas, la norma propone tipificar como delito el ‘petaqueo’, como se conoce la práctica de embarcaciones ‘petaqueras’ o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, así como los robos en el campo de material y herramientas.

La votación llega con polémica: los vetos del Gobierno a las enmiendas del PP son “ilegales”

El camino legislativo de esta norma no ha estado exento de polémica. La norma llegó al Senado este martes, donde el PP tiene allí mayoría absoluta. Allí, el Grupo Popular presentó dos modificaciones (enmiendas). La primera enmienda pretendió modificar la Ley de Extranjería para endurecer los controles en los procesos de regularización de inmigrantes.

Concretamente, la disposición establecía que, para acceder al proceso de regularización promovido por el Gobierno, la persona solicitante debía demostrar a través de certificados oficiales la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en otros países en los que hubiera residido. También debía demostrar la inexistencia de procedimientos judiciales abiertos y la ausencia de causas penales suficientes. El modelo actual respaldado por el Ejecutivo se basa en la presentación de una declaración jurada por parte del solicitante, en la que se asegure no contar con antecedentes ni causas pendientes.

En la segunda enmienda, el PP exigía al Gobierno, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada 100.000 habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma. El Gobierno, a sabiendas de que perdería la votación en la Cámara Baja una vez saliese del Senado, vetó las dos enmiendas del PP.

¿La razón? Según defiende el Ejecutivo, estas medidas supondrían un alto coste para la Administración al aplicar esta medida. Por un lado, porque supondría la creación de 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería que conllevaría, según apuntan, un coste adicional de 17 millones de euros. Por otro lado, porque el aumento de personal en la fiscalía supondría 491 plazas nuevas, que supondrían un coste para las arcas públicas de unos 54 millones de euros.

Génova recurrió este veto porque lo consideraba “muy grave” e implicaba vulnerar las competencias” a las Cortes Generales. En el mismo día de la votación, el letrado del Congreso ha advertido que la maniobra de Moncloa es “ilegal”.

Una de las enmiendas que sí se han votado ha sido la formulada por el PSOE en la Cámara Alta, que incluyó un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal. Esto incluye penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses para los delitos vinculados con los cultivos ‘indoor’ de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.