
A partir de ahora, los clientes de Iberdrola, como pymes o particulares, empezarán a ver reflejado en su factura mensual un cargo adicional destinado a cubrir el coste de cubrir el riesgo de un gran apagón eléctrico. Este recargo se activa cuando el coste de los llamados servicios de ajuste -el gasto adicional en gas para estabilizar la red eléctrica- supera determinados límites. Tras el cero energético registrado el pasado 28 de abril de 2025, Red Eléctrica se vio obligada a incrementar su inversión en este concepto para mantener la red estable, algo que ahora empieza a repercutir en las tarifas de la compañía.
Así, la comercializadora ha diseñado esta polémica cláusula que traslada a los consumidores el coste de mantener la red eléctrica en funcionamiento ante acontecimientos extremos, como fallos de infraestructura. Iberdrola lo califica como un mecanismo para “mantener precios más contenidos” desde el inicio del contrato, e introduce lo que denominan como “escudo antiapagón”. Tal y como han confirmado fuentes oficiales a El País, la compañía considera que se trata de una alternativa “más eficiente y justa” para equilibrar las cuentas en situaciones de emergencia.
Por qué los clientes pagan más por la electricidad
La nueva cláusula establece tres escenarios para la factura de los clientes:
- Si el precio medio de los servicios de ajuste se sitúa por debajo de 11 euros/MWh, los usuarios reciben un descuento.
- Entre 11 y 18 euros/MWh, la compañía asume el sobrecoste, sin variaciones para el cliente.
- Cuando el precio supera los 18 euros/MWh, la diferencia se traslada directamente a la factura, que experimenta un aumento automático, especialmente en el mes de enero.
Actualmente, los precios del servicio de ajuste ya superan con creces el límite máximo fijado por la compañía. Según los datos registrados hasta ahora por Red Eléctrica, en 2026 la media anual alcanza los 24,34 euros/MWh, muy por encima del umbral que activa el recargo.
El incremento de los costes energéticos se debe principalmente a la inestabilidad internacional, especialmente en Oriente Próximo, que ha elevado el precio del gas, un combustible esencial para reforzar la red eléctrica en momentos críticos. Esta situación ha provocado un aumento constante en el coste de los servicios de ajuste:
- En 2025, la media se situó en 17,5 euros/MWh.
- En enero de 2026, el precio fue de 16,70 euros/MWh.
- En febrero, ascendió a 26,91 euros/MWh.
- En marzo, se alcanzaron los 29,67 euros/MWh.
Es decir que, salvo excepciones puntuales, los usuarios de Iberdrola afrontarán recargos adicionales en sus facturas durante este año. El resultado es que el usuario doméstico o la pyme terminarán absorbiendo un gasto que, hasta ahora, era responsabilidad de la empresa.
Comparativa con otras comercializadoras y reacción regulatoria
Iberdrola ha sido la primera gran eléctrica en detallar el nuevo recargo en sus contratos, aunque esto no implica que otras compañías no lo estén aplicando bajo distintas fórmulas. Los clientes acogidos a la tarifa regulada del Gobierno (PVPC) ya pagan íntegramente estos costes mes a mes, mientras que competidores como Endesa o Naturgy los incluyen dentro del precio fijo de la energía.
En el caso de estas últimas, el sobrecoste no aparece de forma diferenciada en la factura, sino que se integra en el precio final por kilovatio hora. Así, cualquier subida del coste de los servicios de ajuste repercute en una elevación del importe total sin que el cliente lo perciba como un concepto independiente.
Después del apagón de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) intervino para proteger a los consumidores. El regulador prohibió que las comercializadoras aplicaran recargos sorpresa a quienes tenían contratos de luz a precio fijo, evitando así que se modificaran las condiciones de forma unilateral.
Actualmente, tanto la CNMC como el Gobierno estudian nuevas normativas que permitan trasladar el llamado “escudo antiapagón” a los costes regulados de la factura eléctrica. El objetivo es que este gasto deje de formar parte del precio de la energía y se gestione de manera transparente y controlada por las autoridades.
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