Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Durante meses, Marisol vivió encerrada en una vivienda okupada de Salamanca, convertida en un espacio sin luz, sin agua, sin calefacción y sin un retrete digno. La historia de su cautiverio, marcada por el hambre, la suciedad y la absoluta indefensión, sacude cualquier idea de protección de los más vulnerables. La mujer, víctima de una discapacidad psíquica reconocida, perdió la libertad y la dignidad a manos de quienes, en un principio, se presentaron como sus protectores.

La vida de Marisol cambió el día que María Virtudes y Héctor se cruzaron en su camino. La convencieron para marcharse con ellos, prometiéndole compañía y cuidado. En realidad, buscaban algo muy distinto: controlar a una persona incapaz de defenderse, aislarla del mundo y apoderarse de su pensión.

Desde el primer momento, la encerraron junto a ellos en una vivienda okupada, donde la supervivencia era una lucha diaria. El colchón mugriento en el que dormía, la ropa sucia, el cubo que debía usar como sanitario y la falta de alimentos reflejan la crudeza de esos meses. La única salida era una puerta cerrada con llave que solo abrían los captores.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca reconoce que María Virtudes y Héctor sometieron a Marisol a “condiciones degradantes e inhumanas”, negándole toda autonomía personal. El tribunal subraya que la víctima llegó a perder peso de manera alarmante y estuvo expuesta a un riesgo vital real.

El encierro no solo privó a Marisol de su libertad física, sino que la condenó al aislamiento social absoluto. Los autores utilizaron la tarjeta bancaria de Marisol para extraer dinero y hacer compras, apropiándose de sus recursos mientras la mantenían cautiva. La intervención de un vecino, alertado por los gritos de ayuda, permitió finalmente la liberación de Marisol y su ingreso en el hospital, donde fue atendida por desnutrición y deterioro físico.

Encerrada en un piso okupado de Salamanca

Los orígenes del drama de Marisol se remontan a principios de junio de 2024, cuando María Virtudes y Héctor lograron ganarse su confianza. Marisol, con una minusvalía psíquica del 79% y dependencia grado II, acudía periódicamente a la Clínica Médico-Forense, donde ya constaba su alta vulnerabilidad y la falta de autonomía. La pareja, tras convencerla, la trasladó a un piso okupado en Salamanca a principios de agosto.

Allí, el encierro se volvió total: la luz y el agua habían sido cortadas, la vivienda carecía de calefacción y Marisol quedó a merced de sus captores. Durante más de cuatro meses, la mujer permaneció en esas condiciones, perdiendo peso de manera progresiva y sin acceso a ningún tipo de ayuda externa.

El único contacto con el exterior se reducía a los momentos en que Ezequías, un cómplice con discapacidad intelectual leve, permanecía en la casa y también controlaba que Marisol no saliera. Los acusados aprovecharon este tiempo para apoderarse de la tarjeta bancaria de la víctima y utilizarla tanto para retirar efectivo como para hacer compras.

El calvario terminó el 18 de diciembre de 2024, cuando un vecino, Obdulio, escuchó los gritos de auxilio de Marisol y alertó a la policía. Los bomberos forzaron la puerta y encontraron a la víctima en un estado de abandono extremo. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde los médicos constataron su desnutrición y deterioro físico.

Once años y medio de prisión para los captores

Tras la liberación de Marisol, el caso fue asumido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, que inició diligencias bajo el Procedimiento Abreviado 27/2025. La sentencia, dictada el 16 de marzo de 2026 por la Audiencia Provincial de Salamanca, condenó a María Virtudes y Héctor a un total de 11 años y medio de prisión por detención ilegal, delito contra la integridad moral y estafa.

Por su parte, Ezequías recibió dos años y medio de cárcel como cómplice en la detención ilegal y delito contra la integridad moral, aunque fue absuelto del delito de estafa. El tribunal fija, además, una indemnización de 6.000 euros a Marisol por daños morales y 2.171,52 euros por las sumas extraídas de su cuenta. Las partes disponen ahora de un plazo de diez días para presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.