Tradicional, poco rentable y más contaminante: el campo español deberá cambiar su modelo de cultivo para sobrevivir sin la ayuda europea

Más del 60% de las explotaciones cerealistas pierde dinero en España si se descuentan las ayudas europeas, revelando una situación de profunda vulnerabilidad económica. Este déficit se agrava ante la inminente reforma de la Política Agraria Común (PAC), que podría reducir un 20% los pagos directos y los subordinará a resultados ambientales cuantificables, según recoge el informe de Transcendent sobre la transformación estructural del sector agroalimentario español.

El panorama viene marcado, además, por factores como la degradación de los suelos, ya que el 74% del territorio nacional es susceptible de desertificación, el envejecimiento de la población agraria y la ausencia de relevo generacional. Frente a este diagnóstico, la combinación de prácticas de agricultura regenerativa y tecnologías de precisión aparece como una alternativa económicamente viable.

Según el informe, en cereales de secano, cuya superficie nacional supera los 5,7 millones de hectáreas, la transformación de los sistemas convencionales, que actualmente cuentan con márgenes negativos de -46 euros por hectárea, puede situar el rendimiento en +87 euros por hectárea a partir del cuarto año, con una mejora de 133 euros por hectárea y año- aunque es difícil cuantificar a ciencia cierta estos resultados porque depende del territorio y el modelo de cultivo-.

La erosión de la rentabilidad en el campo español responde a una serie de factores estructurales. Los costes de insumos esenciales como fertilizantes y energía eléctrica han experimentado subidas notables: los fertilizantes llegaron a incrementar su precio hasta un 144% respecto a 2020 y, aunque para 2025 han descendido, siguen siendo un 54% superiores al nivel prepandemia.

A esto se le suma la factura eléctrica, que prácticamente se ha duplicado desde antes de la crisis energética. Mientras, los precios percibidos por los agricultores cayeron un 6,6% en 2024 y la dependencia de subvenciones públicas se vuelve cada vez más insostenible ante los próximos recortes de la PAC.

El nuevo modelo reduciría los gastos agrícolas

El informe de Transcendent insiste en que los sistemas basados en prácticas regenerativas -rotación de cultivos, cubiertas vegetales, siembra directa- y las herramientas digitales de precisión reducen el gasto estructural de las explotaciones. En concreto, habla de hasta un 34% menos en fertilizantes, un 45% menos en combustible y un 19% menos en pesticidas para cultivos de cereal de secano.

Para recuperar la inversión inicial que supondría este cambio de modelo agrario el informe estima un periodo de entre cinco y ocho años en función del tamaño de la explotación, una brecha que se acorta hasta los cinco años si se incluyen los ingresos procedentes de la monetización de créditos de carbono. La implantación generalizada de este modelo -incluso si solo afectara al 50% de la superficie cerealista- aportaría un beneficio agregado de 379 millones de euros anuales al sector, transformando radicalmente su sostenibilidad económica.

Además, el modelo regenerativo también tendría un impacto ambiental positivo. Los suelos bajo gestión regenerativa logran capturar entre 2,0 y 2,5 toneladas de CO2 por hectárea al año, atenuar la erosión en más de un 80% y ampliar un 25% la capacidad de retención de agua. En un país donde la sequía en 2023 generó pérdidas de 5.550 millones de euros, esta mejora de la resiliencia deja de ser un añadido marginal para convertirse en una ventaja de mercado directa.

Una oportunidad, muchas barreras

El paso del actual modelo tradicional de labranza, arraigado en la cultura agraria española, hacía el modelo regenerativo se encuentra con varias barreras, desde la fata de asesoramiento y acompañamiento técnico, pasando por la elevada inversión inicial, hasta el envejecimiento del sector, con un importante problema de relevo generacional.

Desde la asociación agraria COAG señalan el envejecimiento del campo como el principal escoyo. “Es muy difícil de llevar el cambio en explotaciones donde el jefe ya tiene cierta edad”, señala Javier Fatas, productor de cereales y miembro de la asociación. Según el agricultor, la media de edad en las explotaciones de cereales está en los 60 años, por lo que los cambios son complicados debido a “temas culturales y económicos”.

En relación a las barreras económicas, fatas destaca que los agricultores están muy condicionados por los gastos de explotación. “Por el combustible, por las horas de trabajo, la maquinaria. Vamos muy ajustados con la rentabilidad”, alega. Además, considera que, donde se ha implementado este modelo tiene una rentabilidad mayor a medio plazo, no solo por la productividad, sino también por la falta de gasto en esa explotación.

Los peligros detrás del beneficio

El informe identifica también acciones concretas para los agentes clave capaces de acelerar la transición. Para las instituciones financieras, se abre un mercado emergente de financiación verde cuyo volumen podría situarse entre 2.250 y 3.750 millones de euros, justificado, además, por una demanda estructural y un fuerte respaldo regulatorio.

Para las empresas de consumo y distribución, invertir en la sostenibilidad de los proveedores agrícolas significa garantizar la resiliencia del suministro frente a perturbaciones climáticas, además de facilitar la reducción de emisiones de alcance 3 -responsables de hasta el 90% de la huella total en la industria alimentaria- y abrir vías de diferenciación de marca.

Por otra parte, para los agricultores, Faras señala que “el futuro en muchas zonas está en la agricultura regenerativa y de conservación, basada en ahorrar gastos”, pero el problema es que, en vez de ser desarrollado por los agricultores “terminen estando en manos de grandes fondos de inversión, desapareciendo una parte de la agricultura”.