
La revalorización de las pensiones pasa el examen del Congreso con una amplia mayoría, pero el decreto sobre el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, se estrella, de nuevo, por el rechazo en bloque de las derechas. La votación se ha resuelto con 177 votos en contra y 171 a favor y una abstención, lo que hace insuficiente reunir la mayoría absoluta para su convalidación.
El decreto ya fue tumbado en una primera votación hace apenas un mes, por lo que el Gobierno se vio obligado a realizar modificaciones. El primer cambio fue la división del decreto, separando en una votación aparte la revalorización de las pensiones ante las críticas del resto de partidos, que acusaban al Gobierno de convertir el decreto en un “cajón de sastre”. De hecho, la votación sobre este asunto se ha saldado con los votos afirmativos de todos los grupos a excepción de Vox.
El gobierno pactó con el PNV añadir una exención de los desahucios para aquellos propietarios que tuviesen una o dos casas, un esfuerzo que también esperaba cosechar el apoyo de los de Carles Puigdemont. Y es que, al margen del eventual -casi anecdótico- apoyo del PP, mientras el partido de Carles Puigdemont continúe instalado en el ‘no’ y mantenga su negativa a negociar, el Gobierno tiene prácticamente imposible sacar cualquier iniciativa.
Junts per Catalunya anticipó este domingo su rechazo a la medida porque, al igual que consideran PP y Vox, es “injusta” para los propietarios y “beneficia” al problema de la ocupación al poner trabas en el desalojo a estas personas. Hay que recordar que hace un año, tanto Junts como PP votaron a favor de este mismo decreto, que incluía precisamente la medida de protección contra desahucios a personas en vulnerabilidad económica.
El Gobierno les acusa de irresponsabilidad
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo ha recordado en su exposición de la norma, donde se ha mostrado muy crítico contra estos grupos por usar “una excusa falsa para justificar dejar a la gente en la calle”. “Sé que no van a cambiar de voto los que ya lo tienen decidido. Mi objetivo es que se avergüencen de mentir a la ciudadanía y engañarles con el voto negativo del decreto ley”, ha afirmado.
La derogación de esta norma no solo deja sin efecto la protección contra los desahucios, sino que decaen consigo otras medidas la prohibición de cortar la luz, gas y agua o el bono social eléctrico a las familias vulnerables. También caen as ayudas a los seguros agrarios por los incendios forestales, incentivos para la compra de coches eléctricos o las ayudas a los afectados por la DANA en Valencia.
Votar no a este decreto, ha subrayado, es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción “en lo peor del invierno”; perjudicar a los afectados por la dana y no dejar que la Comunidad Valenciana formalice nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo; o impedir que comunidades autónomas y ayuntamientos reciban miles de millones adicionales, con la actualización de las entregas a cuenta. “Ahora suban a esa tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza”, ha sentenciado el ministro.
Junts propone que el Estado se haga cargo del alquiler de las familias
Como alternativa, Junts ha propuesto que el Estado se haga cargo del pago del alquiler de las familias vulnerables sin alternativa habitacional para que no sean desahuciadas. “La solución no requiere ningún nuevo decreto. Si disponen de 300 millones de euros para proteger a las familias vulnerables, el Estado puede ir a pagar la deuda y hacerse cargo del alquiler mientras dure la situación de vulnerabilidad”, ha planteado la diputada Marta Madrenas durante el debate sobre el decreto.
El Gobierno volverá a llevar el escudo social una al Consejo de Ministros para intentar una tercera votación -así podrá hacerlo tantas veces quiera-, ya sea con el mismo texto o alguna modificación.
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