La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Colombia un ciudadano colombiano de 24 años arrestado en España por cometer una presunta estafa millonaria en su país natal.
Contra él pesaba una orden de captura emitida en noviembre de 2024 por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Concordia-Antioquia. En Colombia debería enfrentar penas de hasta 144 meses de prisión por estafa agravada y 108 meses por concierto para delinquir. El tribunal español ha decidido rechazar la entrega de este ciudadano por considerar que la documentación enviada por Colombia no cumplía los requisitos mínimos de detalle exigidos por el convenio bilateral de extradición.
El proceso comenzó en noviembre de 2024, cuando un juzgado en Colombia ordenó la captura. En mayo de 2025, la Embajada de Colombia en España envió la solicitud de extradición al Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con los documentos y la acusación. Un mes más tarde, el Consejo de Ministros de España aprobó seguir con el trámite y los papeles llegaron al Juzgado Central de Instrucción, que decidió abrir el expediente. Este ciudadano se presentó ante la justicia española y expresó que no aceptaba la extradición ni renunciaba al principio de especialidad y el caso se elevó a la Audiencia Nacional.
No coinciden las cantidades de dinero
En la orden de detención se dice que este ciudadano habría participado en una estafa de gran escala, ofreciendo bienes a bajo precio y asegurando tener influencias para facilitar trámites. Pero los magistrados han considerado que estos hechos están descritos de manera “excesivamente genérica” y sin el detalle necesario para justificar una extradición.
Los datos aportados no permitían identificar con claridad qué hizo exactamente, lo que impidió al tribunal valorar si tenían intensidad suficiente como para alcanzar relevancia penal. Tampoco se acreditó de manera clara cuánto dinero habría ganado supuestamente en la estafa, ni a quiénes habría perjudicado ni en qué fechas exactas.
La sentencia señala que la documentación aportada por las autoridades de Colombia menciona tres cantidades económicas distintas en relación con la supuesta estafa. En una primera descripción, se afirma que el valor defraudado ascendería a 1.787.100.000 pesos (409.816 euros), pero en una segunda descripción, se indica que la cantidad habría sido de 980.000.000 pesos (22.4733 euros). En la propia orden de captura, se fija la cifra en 260.000.000 pesos (59.623 euros).
El fallo de la Audiencia Nacional no es firme. La resolución permite la interposición de un recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal en el plazo de tres días a partir de la notificación. Hasta que no se resuelva un eventual recurso, la decisión de denegar la extradición no será definitiva. Mientras tanto, las autoridades judiciales españolas han remitido testimonio de la resolución tanto a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia como al Servicio de Interpol para los efectos oportunos.
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