Podemos quiere que los alumnos de la universidad privada pasen una prueba extra organizada por la pública para homologar su título

Podemos quiere que los aspirantes a títulos universitarios expedidos por universidades privadas se enfrenten a una prueba extra para su homologación. La formación morada ha propuesto que, tras finalizar los estudios de Grado, Máster Universitario o Doctorado en un centro privado, los alumnos deban superar obligatoriamente una prueba teórica elaborada por una universidad pública de su provincia como requisito previo a la obtención del título correspondiente. Esta propuesta forma parte de una serie de enmiendas registradas por la formación morada al proyecto de ley orgánica de modificación de la ley del sistema universitario (LOSU).

La iniciativa de Podemos no se limita únicamente al endurecimiento del proceso de validación de títulos privados. En otro bloque de enmiendas, la formación también ha defendido que las administraciones públicas no puedan “financiar directa ni indirectamente a centros universitarios privados” y que para ello se modifique la Ley de Universidades. De esta manera, abogan por una separación estricta de los recursos económicos públicos respecto a cualquier institución universitaria que no forme parte del sistema estatal.

Además, Podemos ha fijado condiciones concretas para el reconocimiento de nuevas universidades privadas. Propone que no se pueda autorizar la creación de un nuevo centro de este tipo, salvo que en el ejercicio anterior a su solicitud exista, al menos, un 10% de potenciales estudiantes de grado que, aun cumpliendo los mínimos académicos exigidos, no hayan podido acceder a una plaza.

Prácticas académicas externas: hacia una mayor equidad

El texto legal registrado en el Congreso aborda un aspecto distinto pero fundamental de la experiencia universitaria: las prácticas académicas externas. La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que, en el caso de las prácticas curriculares externas, no puede existir contraprestación económica entre el centro universitario de origen y el de destino en el momento de acordarse dichas prácticas, ya sea en forma de precio o de donación. Esta disposición busca eliminar posibles ventajas derivadas de la mayor capacidad financiera de ciertas universidades, asegurando que todo el alumnado universitario acceda en igualdad de condiciones a las ofertas formativas en prácticas.

La finalidad, en palabras del texto normativo, reside en “salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas”. Esta misma lógica ya opera actualmente en el ámbito de la Formación Profesional, donde la normativa vigente prohíbe que el periodo de formación en empresa pueda estar condicionado a pagos o donaciones realizados por los centros académicos, una medida que se aplica tanto a las entidades directamente responsables de la formación como a aquellas vinculadas por fundaciones u organizaciones auxiliares.

Extensión al ámbito universitario y colaboración empresa-universidad

Podemos busca ampliar este marco regulador del sector de la Formación Profesional para que también sea de aplicación en las universidades, tanto públicas como privadas. La proposición de ley establece que todos los centros autorizados para impartir titulaciones universitarias podrán suscribir acuerdos de prácticas con empresas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras. El único requisito será que dichos convenios garanticen el acceso efectivo y equitativo de cualquier estudiante universitario a las oportunidades de prácticas ofertadas en esos organismos.