El ejemplo que Carlos III puede tomar de Felipe VI: el rey aisló a la infanta Cristina tras la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos para proteger la institución

En todas las familias cuecen habas, hasta en las reales. Lo que pasa es que en las monarquías se les exige capacidad para gestionar los vínculos familiares cuando éstos ponen en riesgo la estabilidad de la institución. La clave para amortiguar el impacto de estos escándalos no solo está en las decisiones judiciales, sino también en cómo la Corona se distancia de sus miembros cuando su conducta puede erosionar su legitimidad ante la opinión pública.

La casa real británica tendrá que lidiar ahora con la detención del príncipe Andrés por su relación con Epstein. Entre correos electrónicos y otras comunicaciones, se apunta que el príncipe podría haber compartido información sensible del gobierno británico con Epstein mientras ejercía como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Ahora Carlos III se encuentra en una situación complicada. Gestionar esta crisis no será fácil, pero puede tomar ejemplo de Felipe VI. Cuando en España estalló el Caso Nóos —un escándalo de malversación de fondos que involucró al Instituto Nóos y que acabó con la condena a prisión del cuñado del rey, Iñaki Urdangarín— el jefe del Estado decidió adoptar medidas claras para proteger a la institución monárquica de un daño reputacional profundo. Su respuesta ante la implicación de la infanta Cristina, su propia hermana, fue una muestra de firmeza que resonó más allá de nuestras fronteras y que hoy puede servir de antecedente a la Casa Real británica ante la crisis que azota a los Windsor.

Felipe VI y el caso Nóos

Pongamos contexto. El caso Nóos saltó a la opinión pública entre 2011 y 2012, cuando se descubrió que Iñaki Urdangarin había utilizado su posición para gestionar de forma irregular contratos públicos a través de una fundación sin ánimo de lucro. Aunque inicialmente los procedimientos judiciales comenzaron contra él y su socio, pronto también afectaron a la infanta Cristina, quien fue imputada como posible cooperadora necesaria en delitos fiscales derivados de esas actividades.

La respuesta de Felipe VI no tardó en llegar, y fue tanto simbólica como estratégica. En junio de 2015, pocos días antes del primer aniversario de su proclamación como rey, firmó un Real Decreto mediante el cual revocó a su hermana el título de “Duquesa de Palma de Mallorca”, una distinción nobiliaria otrora concedida por su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Con esta decisión, pública y formalizada en el Boletín Oficial del Estado, señaló con claridad que la Corona debía distanciarse de cualquier sombra de sospecha vinculada al caso Nóos.

La retirada de este título fue parte de un paquete de medidas más amplio impulsado por Felipe VI para restaurar la credibilidad de la institución, que también incluyó, por ejemplo, la reducción del número de miembros activos de la familia real autorizados a realizar actividades oficiales y la promoción de códigos de conducta transparentes dentro de la Casa del Rey.

Importante también fue que la infanta Cristina, aunque finalmente fue absuelta de los cargos penales en 2017, no recuperó ninguna posición institucional ni volvió a representar a la Corona en actos oficiales, lo que subrayó el compromiso del rey con separar la vida personal de su familia de la responsabilidad y la percepción pública de la monarquía.

La detención del príncipe Andrés: un espejo para Carlos III

Ahora lo que está en riesgo es la imagen institucional de la corona británica justo en un momento de transición generacional. La prensa británica ha subrayado que las autoridades consideran la investigación con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier otra persona, recordando que “nadie está por encima de la ley” —pero también que este tipo de eventos ponen a prueba la capacidad de la Corona para responder con acciones que resguarden su continuidad institucional.

En este contexto, el caso español ofrece una lección significativa: unir la defensa de la institución con decisiones valientes —aunque dolorosas en lo personal— puede resultar en una mayor estabilidad a largo plazo. Felipe VI supo actuar con determinación en un momento en el que la convivencia entre la familia real y las expectativas de la sociedad estaba en tensión. Su decisión de aislar a su hermana de la esfera oficial ayudó a separar la responsabilidad personal de la integridad de la Corona, mitigando parte del impacto que el caso tuvo en la percepción ciudadana sobre la monarquía.

Frente a escándalos que salpican a miembros de las familias reales, no les queda otra que priorizar la estabilidad institucional para mantener la confianza pública. Tanto en el Reino Unido como en España, las monarquías han tenido que navegar entre el afecto familiar y la responsabilidad ante el deber; la forma en que optan por hacerlo tiene implicaciones profundas para su legitimidad en sociedades cada vez más exigentes con la transparencia, la igualdad ante la ley y la rendición de cuentas.