
El monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos, ha sido durante décadas sinónimo de los dulces de convento que surtían a la élite española. Hoy, ese mismo escenario es el centro de una disputa que ha sacudido a la Iglesia Católica en España durante meses. Ocho mujeres, exclarisas excomulgadas, enfrentan un desahucio fijado para el 10 de febrero de 2026 a las 9:30 de la mañana. Para intentar evitar quedarse sin techo, han lanzado una campaña en internet con un mensaje directo: “Queremos un convento”.
Todo comenzó en mayo de 2024, cuando la comunidad de Belorado publicó un manifiesto anunciando su ruptura con la Iglesia Católica y se puso bajo la tutela de Pablo de Rojas, obispo excomulgado y defensor del sedevacantismo. Al mes siguiente, en junio de 2024, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, decretó la excomunión de las religiosas por un delito de cisma, con lo que, a ojos de la Iglesia y de la ley canónica, dejaron de ser monjas clarisas.
En julio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca reconoció la titularidad del monasterio a la Iglesia Católica y ordenó el desalojo de las exmonjas. El desahucio se fijó inicialmente para el 12 de septiembre de ese año, pero se aplazó en varias ocasiones mientras se resolvían los recursos presentados por las religiosas.
En noviembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a dos exreligiosas, incluida la exabadesa, en el marco de la llamada Operación MIRUM-CID, por su presunta implicación en apropiación indebida agravada de obras de arte del monasterio. En enero de 2026, el juzgado fijó finalmente el 10 de febrero como fecha definitiva para el desahucio, y el Arzobispado precisó que contra el auto de ejecución provisional “no cabe recurso”.
Ante la proximidad de esa fecha, el 2 de febrero de 2026 las exmonjas lanzaron la campaña queremosunconvento.com, solicitando a la sociedad española ayuda para encontrar un nuevo lugar donde vivir y continuar con su vocación.

Ocho procesos judiciales
Desde la ruptura, las exmonjas están involucradas en ocho procesos judiciales:
- Desahucio: demanda del Arzobispado para recuperar el monasterio de Belorado.
- Apropiación indebida agravada: la Guardia Civil intervino piezas históricas vendidas por internet y localizadas en una tienda de antigüedades de Madrid.
- Coacciones y estafa indebida: denuncias cruzadas por cuentas y patrimonio; investigación por venta de 1,73 kilos de oro por 130.000 euros.
- Incumplimiento de contrato: demanda de las Clarisas de Vitoria por el monasterio de Orduña, cuyo pago de 1,2 millones nunca se efectuó.

El refugio en Asturias
Tras la ruptura, las exmonjas trasladaron su actividad a Asturias. Allí inauguraron un restaurante de clausura, gestionan un núcleo zoológico y crían perros. En septiembre de 2025 denunciaron el presunto envenenamiento de varios animales en Parres. “Nos sentimos perseguidas. Es un intento de atacar nuestras actividades, boicotear nuestros proyectos y frenar nuestra proyección emprendedora”, dijo Sor Sión, portavoz de la comunidad
Esta hermana ha sido la voz más visible del grupo en redes sociales (@tehagoluz): “Pues que estamos bien, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas, lejos de nuestras familias”. “Nuestro deseo es ser fieles a la verdad de Cristo que hemos recibido, a la fidelidad, a la fe, a la doctrina de la Iglesia Católica”, sostenía en un vídeo.
“Queremos un convento”
Con el desahucio a la vuelta de la esquina, ahora las monjas han lanzado la campaña queremosunconvento.com, solicitando a particulares, instituciones y propietarios ayuda para encontrar un nuevo espacio donde residir y “no abandonar su vocación”. “Han sido señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida… buscan una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”, señalan en la página web.
Sus requisitos incluyen propiedades en la España vaciada, fincas rústicas o edificios históricos que no dependan de un arzobispado. Según la campaña: “No buscan privilegios, solo una salida digna a una situación injusta. Buscan continuidad, paz y un techo desde el que seguir aportando valor humano y social”, sostiene, añadiendo que su traslado puede hacer frente a un problema que lastra el país desde hace años: la España vaciada.
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