
La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las denuncias presentadas contra cinco cargos de la Junta de Andalucía en relación a los fallos en los cribados del cáncer de mama. El Ministerio Público no ve indicios de delito penal en los aforados y ha remitido las diligencias a varias fiscalías provinciales, para que la investigación continúe “de forma individual y separada”.
El organismo autonómico, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, había recibido en los últimos meses varias denuncias relativas al fallo en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Según estimaciones de la Junta de Andalucía, 2.317 mujeres se vieron afectadas por los retrasos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que tardó hasta dos años en comunicar los resultados dudosos de sus mamografías.
La asociación El Defensor del Paciente, dieciséis mujeres afectadas y los grupos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida habían llevado estos hechos ante la Fiscalía. Tras la investigación, sin embargo, no se han apreciado indicios de delito en el caso contra ninguna de las cinco personas acusadas, que ocuparon altos cargos en la Consejería de Salud. Entre ellos, se encontraban el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quienes ocuparon con anterioridad la cartera de Salud en la Junta de Andalucía. Las denuncias incluían a otras tres personas no aforadas: una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz del Salud.
Las Fiscalías Provinciales continuarán la investigación
Al no apreciar indicios de delito contra los aforados, el Ministerio Público ha remitido las diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado. Desde estos órganos judiciales se continuará la práctica de las pruebas “en la forma que menos perjudique a las víctimas”. El objetivo, según indican en un comunicado, es “proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables”.
En su denuncia, estas dieciséis mujeres se referían a errores o deficiencias en el protocolo del cribado del cáncer de mama, principalmente por la ausencia de seguimiento en los casos que obtuvieron un resultado BID-Rads 3, considerados como “dudosos” o “no concluyentes”. Resaltan también la falta de comunicación de las pruebas realizadas, la falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.
En los hechos denunciados, sin embargo, la Fiscalía no ve un patrón que permita unificar las reclamaciones, por lo que entiende que “han de ser investigados de manera individual y separada”. Sobre el resto de denuncias, el decreto señala que algunas de ellas exponen “manifestaciones de carácter general sin precisión alguna”, por lo que continuar con la investigación sería contrario al derecho fundamental de la intimidad, especialmente de todas aquellas mujeres que han decidido no denunciar.
*Noticia en ampliación
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