Escándalo en Alicante: el Ayuntamiento investiga la adjudicación de viviendas de promoción pública a altos cargos y familiares

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto una investigación sobre la adjudicación de varias viviendas de protección pública en la zona de La Condomina, en la Playa de San Juan. En el foco se encuentran la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, al arquitecto municipal Francisco Nieto y dos hijos de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman.

El alcalde, Luis Barcala (Partido Popular), ha ordenado la apertura de un expediente para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de estas viviendas, en la que es la primera promoción pública que se culmina en la ciudad en las dos últimas décadas.

El Ayuntamiento abre una investigación para estudiar posibles irregularidades

Barcala ha señalado que la investigación irá “hasta el final” y que cualquier “menor sospecha” de irregularidad será trasladada a la Fiscalía. En el pleno municipal, el alcalde ha afirmado: “Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”. Para identificar a todo el personal implicado, ya se ha solicitado información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación.

Durante una comparecencia ante los medios en la que no ha admitido preguntas, Barcala ha realizado un “llamamiento” para que “se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales” y se ha mostrado “convencido” de que la Generalitat y el Gobierno de España atenderán esa reclamación. El alcalde ha subrayado que “no podemos permitir que los procesos para acceder y para obtener una vivienda social no sean transparentes” y ha insistido en la necesidad de “modificar la normativa autonómica al respecto”.

En relación a la normativa actual, Barcala ha afirmado que “la normativa autonómica tiene que garantizar que solo y exclusivamente” aquellas personas “que cumplen los requisitos de vulnerabilidad” puedan acceder a una vivienda social. El primer edil ha subrayado: “No voy a permitir, bajo ningún concepto, que alguien que no está en situación de vulnerabilidad, alguien que no puede, que no debe acceder a una vivienda social, acceda a ella y deje sin vivienda a alguien que realmente la necesita”. Ha extendido esta postura a “todas las viviendas que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat como la iniciativa privada promuevan en la ciudad de Alicante”.

En las últimas horas, María Pérez-Hickman ha presentado su dimisión como directora general y regresará a su anterior puesto como jefa de Contratación municipal. Esta decisión ha llegado tras conocerse que entre los adjudicatarios de las viviendas figuran dos hijos suyos, además del arquitecto municipal y la concejala de Urbanismo.

María Pérez-Hickman ya estuvo implicada en la venta de la parcela

La urbanización en que se encuentran estas viviendas consta de 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios, con piscina, gimnasio, club social, zonas comunes y pistas deportivas. Se ubica sobre una parcela pública de 8.618 metros cuadrados, que fue enajenada a favor de un operador privado y adjudicada en 2022 a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros.

Cuatro de estas viviendas protegidas han sido escrituradas a personas del entorno del Ayuntamiento: una a nombre de Rocío Gómez; dos a los dos hijos de Pérez-Hickman; y una a Francisco Nieto, arquitecto municipal. Gómez y su pareja adquirieron un piso de 90 metros cuadrados con plaza de garaje por algo más de 200.000 euros, una cifra inferior a la del mercado en la zona. Los hijos de Pérez-Hickman obtuvieron pisos de 80 y 90 metros por importes similares, mientras que el arquitecto municipal compró un inmueble de 80 metros por menos de 200.000 euros.

A pesar de haber resultado beneficiaria también, según la versión facilitada por el alcalde, Gómez “adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa” en 2018, “cinco años antes de entrar en política”, y la licencia de obras para la construcción se concedió en 2022, un año antes de acceder al cargo de concejala.

Barcala ha señalado: “Hasta donde tenemos conocimiento, no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social”. Nieto, el arquitecto municipal, está implicado en un proceso judicial por presuntos favores de blanqueo a un clan de narcotráfico. Pérez-Hickman, por su parte, desempeñó labores como secretaria en el procedimiento de venta de la parcela.

PSPV-PSOE llevará el “pelotazo urbanístico” a la Agencia Antifraude

La apertura del expediente ha generado reacciones en la oposición. El PSPV-PSOE ha anunciado que llevará el caso a la Agencia Antifraude, calificándolo como “pelotazo urbanístico”. Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha reclamado a la Generalitat el listado completo de beneficiarios ante la sospecha de más adjudicaciones a personas vinculadas al ayuntamiento.

Diana Morant, secretaria general del PSOE, ha tildado lo ocurrido como “un escándalo”. Según Morant, “la única promoción de vivienda de protección construida en Alicante en los últimos 25 años ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del Partido Popular. Esto demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios”.

Ana Barceló, portavoz socialista, ha destacado que más de 5.500 familias están registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo a la espera de acceder a una vivienda y ha lamentado que “cada día se marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler asequible, y menos a una vivienda”.

Barceló ha descrito la promoción como “de lujo” y ha lamentado la adjudicación a miembros del ayuntamiento y sus familiares. Ha concluido que “desconocemos si hay más concejales, más familiares del PP y qué va a pasar a partir de ahora”, atribuyendo la responsabilidad al alcalde, Luis Barcala, por una situación que, en sus palabras, “produce alarma, hastío y desafección a la política”.