Francina Armengol firma un convenio para garantizar la traducción al catalán de las leyes que se aprueben en el Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha firmado este jueves un convenio de colaboración con el Institut d’Estudis Catalans (IEC) para la publicación y difusión en catalán de las iniciativas legislativas aprobadas por la Cámara Baja. El acuerdo, suscrito también por la presidenta del IEC, Teresa Cabré, institucionaliza la cooperación entre ambas entidades y establece un marco estable para garantizar la corrección lingüística de los textos legales en lengua catalana una vez culminado su trámite parlamentario.

Según ha informado el Institut d’Estudis Catalans en un comunicado, el convenio responde a la voluntad compartida de trabajar para que el catalán sea un medio de expresión normalizado en todos los ámbitos, incluido el jurídico. La iniciativa se inscribe en el proceso de adaptación del Congreso a la pluralidad lingüística del Estado y se apoya en la reforma del Reglamento de la Cámara aprobada en septiembre de 2023, que abrió la puerta al uso de las lenguas cooficiales distintas del castellano en la actividad parlamentaria.

El acuerdo prevé que el IEC facilite la versión normalizada, conforme al estándar general utilizado en Cataluña y en las Illes Balears, de las iniciativas legislativas que hayan sido aprobadas definitivamente por el Congreso de los Diputados. Estas versiones se incorporarán al Boletín Oficial de las Cortes Generales, donde se publican los textos legales emanados de las Cortes. El procedimiento se activará una vez finalizado el proceso legislativo, sin alterar los debates ni las votaciones, y se centrará exclusivamente en la elaboración lingüística de los textos.

Además de la traducción y normalización de las leyes, el convenio contempla que el Institut d’Estudis Catalans preste apoyo lingüístico especializado en la elaboración, traducción y validación de documentos en catalán relacionados con la actividad no parlamentaria del Congreso. Este respaldo técnico abarcará comunicaciones institucionales y otros materiales vinculados al funcionamiento ordinario de la Cámara, con el objetivo de asegurar la adecuación terminológica y la corrección formal en un ámbito marcado por la precisión jurídica.

Desde el Congreso se subraya que la colaboración con las academias lingüísticas responde a un criterio de rigor y seguridad jurídica. Armengol ha explicado que la reforma reglamentaria de 2023 hizo necesario contar con instituciones responsables que garantizaran la calidad de las traducciones. “El Congreso debe representar la pluralidad del Estado y, por eso, quisimos contar con las academias de las lenguas de cada uno de los territorios”, ha señalado la presidenta de la Cámara, que ha defendido que sean estos organismos los que asuman la validación de los textos para evitar interpretaciones divergentes.

Un paso más en la normalización del catalán

Para el Institut d’Estudis Catalans, el convenio consolida el papel del catalán como lengua plenamente apta para la expresión jurídica y legislativa. Teresa Cabré ha destacado que el acuerdo refuerza la colaboración institucional y permite dotar a la lengua de los recursos necesarios para un uso normal en todos los ámbitos del derecho y de la vida pública. La implicación del IEC supone la aplicación de criterios normativos consolidados y el uso de una terminología jurídica homogénea, elaborada y revisada por especialistas.

La publicación de las iniciativas legislativas en catalán en el Boletín Oficial de las Cortes Generales tiene también una dimensión simbólica. Refuerza la visibilidad de la lengua en el ámbito estatal y facilita el acceso directo de la ciudadanía catalanohablante a los textos legales en su lengua, sin recurrir a traducciones no oficiales. Al tratarse de versiones elaboradas y validadas por la institución académica de referencia, estas traducciones adquieren un estatus de fiabilidad equiparable al del texto original en castellano.

El convenio fija asimismo los mecanismos de validación final de los documentos, un aspecto clave para garantizar la equivalencia jurídica entre las distintas versiones lingüísticas. El proceso se concibe como una tarea técnica, desligada del debate político, centrada en asegurar la fidelidad al contenido aprobado por la Cámara y la precisión conceptual de los términos empleados. El IEC aportará su experiencia en terminología y su conocimiento del estándar general del catalán para cumplir con esta función.