El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contra la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reincorpore a la carrera fiscal pese a su reciente condena por revelación de secretos.
En un escrito registrado ante la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, González Amador solicita que se anule el decreto del pasado 23 de diciembre por el que Peramato aceptó el reingreso de García Ortiz tras el visto bueno de la Inspección Fiscal. El empresario sostiene que la medida debe ser revisada y que él debería poder formular alegaciones, ya que se considera “víctima de los hechos protagonizados” por el exfiscal y, por tanto, con “interés legítimo” en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
La controversia se remonta a la sentencia del Supremo de noviembre de 2025, en la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados, tras la difusión de correo en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos por fraude fiscal para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Una pena “excesiva”
Aunque el alto tribunal consideró que la pena podía resultar “excesiva” si se extendía más allá del cargo de fiscal general y especificó que no le correspondía al Supremo decidir sobre su expulsión o suspensión de la carrera fiscal, ordenó remitir la ejecución de la sentencia a la Inspección Fiscal para “los efectos oportunos”.
Tras la dimisión de García Ortiz del cargo de fiscal general en noviembre, y una vez regresó a su condición de fiscal de carrera, adscrito a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, la Inspección Fiscal avaló su reincorporación y la fiscal general Peramato formalizó su reingreso.
“Incapacidad” de García Ortiz para ser fiscal
En su recurso, González Amador subraya que, además de anularse el decreto para poder presentar alegaciones, debería reconocerse la “incapacidad” de García Ortiz para ejercer funciones fiscales por haber sido condenado por un delito doloso con pena superior a seis meses, lo que, a su juicio, conlleva “la pérdida de la condición de fiscal”.
El empresario apoya esta tesis en la normativa del propio Ministerio Fiscal, en particular en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal, que estipulan que para la rehabilitación en la carrera es necesario que el condenado aclare que tiene “extinguida la responsabilidad penal y civil” y que se hayan cancelado sus antecedentes penales. González Amador argumenta que, en el caso de García Ortiz, esa cancelación no se producirá hasta 2029.
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