Una mujer pide bloquear la herencia de su padre para evitar que caiga en manos de la viuda porque afirma que quiere “quedarse con todo”: pierde el juicio

La Audiencia Provincial de Logroño resolvió rechazar, en una decisión unánime, el pedido de una mujer para bloquear y controlar cautelarmente la herencia y los bienes de su padre fallecido, cuya administración quedó en manos de la viuda. La disputa se originó tras la muerte del hombre, cuando la hija promovió un juicio reclamando que el testamento que favorecía a la viuda era nulo. Mientras eso se resuelve, exigió una serie de resguardos: desde impedir que la viuda pueda vender propiedades en Logroño, hasta bloquear cuentas bancarias y designar un administrador elegido por la justicia. El objetivo era frenar “maniobras sospechosas” y preservar el patrimonio.

Los jueces detallaron que las medidas cautelares, es decir, las acciones temporales para evitar que se produzcan daños mientras se tramita una causa, sólo pueden dictarse cuando hay “un riesgo real de que, durante el proceso, la persona demandada pueda intentar acciones fraudulentas que pongan en peligro la herencia”. Según la sentencia, ese riesgo no se encontró acreditado.

La jueza de primera instancia ya había indicado que el pedido de la hija no aportaba pruebas concretas que justificaran la intervención judicial urgente. En su fallo, señaló que la demanda principal, que busca declarar la nulidad del testamento, carecía hasta ese momento de “indicios de que pueda ser estimada”. La magistrada señaló: “No existe correlación entre lo que se pide y los hechos y fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se presenta tal petición”.

Una parte de la discusión giró en torno al testamento redactado según la Ley Vasca de Derecho Civil. La defensa de la hija argumentó que el testamento, si bien no nombra técnicamente a la viuda como heredera, le otorgaría en la práctica el control total de los bienes, por lo que solicitó paralizar su administración hasta que se defina si el documento es válido.

La estrategia incluyó referencias a conflictos familiares, amenazas de “quedarse con todo” y hasta audios y documentos que, según la parte denunciante, probarían un contexto de hostilidad que justificaba proteger el patrimonio. También señalaron que la viuda y el fallecido ya no mantenían vínculo legítimo con el País Vasco, lo que, a su criterio, invalidaría el testamento, ya que ambos vivían en La Rioja hacía más de 15 años. Esta punto fue descartado por los jueces, al considerar que nunca se incluyó en la demanda original y, en el trámite de apelación, no podía introducirse como argumento nuevo.

Las sospechas no son suficientes

La sala insistió en que el peligro para los bienes debe demostrarse con hechos concretos y actuales, no solo con sospechas o antecedentes familiares. Recordaron que, en el derecho español, las acciones preventivas son excepcionales.

En este caso, la Audiencia Provincial concluyó que el testamento no convirtió a la viuda en heredera universal, sino que le otorgó el usufructo —el derecho a usar los bienes— y la facultad de administrar y repartir los activos, “mientras no haga uso del poder testatorio, administradora del caudal relicto”. Consideraron que esto no implicaba control absoluto ni la posibilidad de dispersar la totalidad del patrimonio.

Para los jueces, el fundamento central de la negativa fue que “no existen pruebas suficientes para suponer que los bienes pueden ser ocultados o dilapidados antes de que termine el juicio principal”. Reforzaron que, según la ley, la “apariencia de buen derecho” debe demostrarse con documentos, testimonios o pruebas directas en etapas tempranas, algo que, en la causa, no apareció de forma concluyente.