Morir sin poder salir de casa: “Antonio estaba enfermo y no podía subir escaleras, pero su comunidad rechazó adaptar el portal”

Antonio Santacruz, un hombre con afección pulmonar obstructiva crónica que necesitaba conexión permanente a un respirador, pasó los últimos años de su vida prácticamente encerrado en su casa, un pequeño piso ubicado en el barrio madrileño de Villaverde Bajo, al sur de la capital. Con un 68% de discapacidad, además de problemas cardíacos, cada escalón de los dos pisos que debía subir hasta su casa se convertía en una enorme barrera que le dejaba sin aliento, por eso pidió a la comunidad de vecinos que instalaran una silla salvaescaleras en el edificio, una plataforma que habría facilitado su accesibilidad a las zonas comunes y a la calle, pero “nunca atendieron su petición”, lamenta David Molina, apoderado y cuidador de Antonio durante casi 9 años, hasta que falleció el pasado mes de septiembre después de que le diagnosticaran un nódulo maligno en el pulmón. Tenía 65 años.

“Era muy frustrante verle así, desesperado y deprimido por no poder salir a la calle a pasear a su perro o ver a sus amigos como le hubiera gustado. Al no poder subir las escaleras, Antonio estaba recluido en su casa como si fuera una prisión, como un pájaro en una jaula, por lo que vio los últimos años de su vida desde el sofá y desde la cama. Murió sin que la comunidad de vecinos le hiciera caso”, relata Molina a Infobae España con la voz entrecortada. Tampoco olvida que las pocas veces que este hombre salió de su piso para acudir a una revisión médica o debido a una urgencia fue con la ayuda de personal sanitario o de los bomberos.

La lucha por lograr una silla salvaescaleras se alargó durante cinco años y Antonio incluso perdió un juicio, algo que a su cuidador aún a día de hoy le cuesta asimilar y se sigue preguntando cómo la Justicia pudo negar esa posibilidad a una persona con discapacidad y movilidad reducida.

No requería obras estructurales relevantes

Molina también sigue sin entender por qué la comunidad de vecinos se opuso a la instalación de esta plataforma que, por lo general, no requiere obras estructurales importantes y más cuando “existen subvenciones”, tanto a nivel municipal como autonómico, para ello. “Informé a la comunidad y al administrador del bloque sobre las ayudas que había, pero nadie quiso mover nada, todos echaron balones fuera, e incluso hubo veces que le insultaron”, sostiene indignado.

Los vecinos, añade, no estaban dispuestos a pagar la plataforma, que rondaba los 11.000 euros más la instalación, a pesar de que “la ley dice que se deben eliminar las barreras arquitectónicas”.

La norma a la que se refiere Molina es la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a las comunidades de vecinos a acometer obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar la accesibilidad, especialmente en el caso de personas con discapacidad o mayores de 70 años, lo incluye “la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior”, pero solo si el coste total de la reforma “no excede de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

La ley indica que también será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.

100.000 personas sin poder salir de sus casas

Lo que le ocurrió a Antonio no es, ni mucho menos, un caso aislado. Según los cálculos del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), un 80% de las viviendas no están adaptadas a las personas mayores, uno de cada tres hogares no es accesible y solo la mitad dispone de garaje y/o ascensor, una falta de accesibilidad que provoca que más de 100.000 personas “estén atrapadas en sus casas”. Vivir en esas condiciones no solo limita el movimiento, sino que se convierte en una forma silenciosa de aislamiento, erosionando la autonomía y golpeando la salud mental de las personas afectadas.

De hecho, desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), su presidente, Javier Font, asegura que el 85% de quejas que reciben en temas de accesibilidad están relacionadas con las comunidades de propietarios que, tal y como le ocurrió a Antonio, se niegan a hacer obras para resolverlo. Y aunque desde 2017 la ley exige ajustes razonables de accesibilidad, esa falta de acuerdo entre vecinos y el coste de las obras siguen frenando las intervenciones.

Esta federación no solo considera que la Ley de Propiedad Horizontal necesita actualizarse —tanto en su "lento y complejo sistema sancionador" como para alinearse con el Código Técnico de la Edificación, que fija los estándares de accesibilidad—, sino que va más allá y reclama una ley completamente nueva. “La ley actual es de 1993 y en muchos casos obstaculiza poder llegar a soluciones. Necesitamos un cambio en la normativa estatal, porque no lo ha hecho ni este Gobierno ni los anteriores”, señala Font a este periódico.

“La accesibilidad no es un lujo de unos pocos”

Desde FAMMA reconocen que gran parte del parque de vivienda en España es antigua y que adaptar los edificios puede resultar costoso, pero también insisten en que los ayuntamientos deberían ofrecer ayudas económicas que faciliten a los vecinos eliminar las barreras arquitectónicas.

Con el objetivo de facilitar información a las personas que puedan verse afectadas por la falta de accesibilidad de los edificios, el CGATE ha estrenado recientemente la web www.edificiosaccesibles.es, un espacio divulgativo sobre la normativa, ayudas económicas y soluciones técnicas que pueden aplicar las comunidades de propietarios, destacando que “la accesibilidad no es un lujo de unos pocos, sino una necesidad de todos”.