
Las autoridades de Alès, en Francia, han impuesto una condena de 12 meses de prisión a un fisioterapeuta acusado de haber defraudado a los organismos de seguridad social mediante la facturación de tratamientos inexistentes. El caso, que involucra a la residencia de Val d’Aigoual en el pequeño pueblo de Cévennes, ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de los controles y la confianza depositada en los profesionales de la salud.
El fraude salió a la luz cuando el director del establecimiento sanitario detectó importantes inconsistencias en las facturas. “Es técnicamente imposible”, señaló el director, al constatar que el fisioterapeuta registraba entre 20 y 30 pacientes en apenas una hora y media de visita. “Las intervenciones se facturaban, pero no se habían realizado”, añadió el directivo, quien notificó a las autoridades competentes apenas tuvo confirmación de las irregularidades.
El monto total del perjuicio no es menor: la Caja Primaria de Seguro de Salud (CPAM), la Caja de Mutualidad Social Agraria (MSA) y la caja de previsión del personal ferroviario descubrieron que se les habían presentado y abonado facturas por prestaciones ficticias que sumaban cerca de 120.000 euros hasta el verano de 2024. Las entidades damnificadas se movilizaron rápidamente para reclamar el reembolso de la suma y presentaron la correspondiente denuncia penal.
El proceso judicial se desarrolló con la ausencia del acusado, quien se ha marchado a otro país. “Continuó facturando después del cierre del consultorio, cuando ya se había ido”, indicó el abogado Christian Barnouin, representante de la CPAM, en declaraciones recogidas por el medio Midi Libre. Esta empresa exige el pago de 92.000 euros para su institución y 24.000 euros para la MSA. Por su parte, la caja del personal ferroviario solicitó 1.000 euros por daño moral y el reembolso de 3.700 euros.
En su alegato, el representante del Ministerio Público, Quentin Larroque, lamentó no poder interrogar al profesional: “Es una lástima que el acusado no esté presente. Teníamos preguntas para hacerle”. Larroque fue contundente respecto a la dimensión del fraude: “Tenemos 49 asegurados que han sido víctimas de este fraude. Las familias han verificado y confirmado que se facturaron numerosos servicios, pero que los residentes de la residencia no recibieron la atención, corriendo el riesgo de perder autonomía”.
“Siempre es incómodo defender a un ausente”
El fiscal expuso también la estrategia del fisioterapeuta para eludir responsabilidades: “El fisioterapeuta organizó su insolvencia. Vació sus cuentas cuando sintió la amenaza. Se han ordenado embargos: un barco, guitarras, plumas de lujo, dos anillos de oro”. Entre las medidas solicitadas por el Ministerio Público figuraron la incautación de estos bienes, una multa de 20.000 euros, la obligación de restituir las sumas reclamadas y la imposición de doce meses de prisión en suspenso bajo supervisión durante dos años.
Por parte de la defensa, el abogado Jean-Marc Darrigade enfrentó el desafío de representar a un acusado ausente: “Siempre es incómodo defender a un ausente”. Darrigade buscó matizar la situación personal del fisioterapeuta, señalando: “Tenemos un fisioterapeuta que ha trabajado 35 años y que, al final de su carrera, se desvió”.
El tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y dictó sentencia conforme a lo pedido: 12 meses de prisión en suspenso, multa de 20.000 euros y reembolso cercano a 120.000 euros a los organismos perjudicados.
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