El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

También han llamado a declarar en un pleno extraordinario del próximo 15 de enero a las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen

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La portavoz del PP en
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes la creación de una Comisión de Investigación en esta cámara para investigar lo que ha llamado como “caja negra” de la SEPI y el rescate que se llevó a cano sobre la aerolínea venezolana Plus Ultra. En su discurso, ha llamado esta empresa pública como el “origen de la trama corrupta del sanchismo”.

“El Gobierno del Sanchismo ha convertido la SEPI en un cajero para pagar favores políticos en incluso internacionales, y en su mando está María Jesús Montero. La vicepresidenta que ha convertido la SEPI en un pozo sin fondo de la corrupción y que colocó a su amigo Vicente Fernández que está imputado y estuvo detenido”, ha relatado García en una comparecencia.

En la misma declaración, ha añadido que van a llamar a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un pleno extraordinario para el próximo 15 de enero al estar los departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”. “Vamos a obligar a dos vicepresidentas que den la cara”, ha relatado.

El rescate de Plus Ultra

La aerolínea Plus Ultra recibió en 2021 un rescate público gestionado a través de la SEPI por valor de cerca de 53 millones de euros, dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado durante la pandemia de COVID‑19 para acudir en ayuda de empresas consideradas clave. Este rescate ha sido objeto de críticas de diversos sectores por considerar que la compañía no cumplía plenamente con criterios de viabilidad y por la elevada cuantía del préstamo.

El Gobierno, por su parte, ha defendido que las ayudas se hicieron con criterios “absolutamente transparentes”, basados en la normativa vigente y validados por organismos como el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según el Ejecutivo, estos fondos también se destinaron a otras aerolíneas nacionales y en muchos casos ya han sido devueltos con los intereses correspondientes.

Detenciones y pesquisas judiciales

Por otra parte, en diciembre de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Leire Díez —exmilitante del PSOE—, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones y adjudicaciones relacionadas con empresas vinculadas a la SEPI.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda.

Estas detenciones se enmarcan en una operación judicial dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga supuestos delitos que podrían incluir prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal a través de adjudicaciones públicas gestionadas por el holding estatal.

Además, la trama investigada habría funcionado desde 2021 hasta 2023, con movimientos de dinero que superarían los 700.000 euros ligados a cinco operaciones que incluían rescates y contratos de empresas como Tubos Reunidos y otras adjudicaciones bajo sospecha.

Las pesquisas también han destapado documentos que señalan a la denominada “red Hirurok”, compuesta por los tres detenidos, que presuntamente utilizó contratos y facturas supuestamente ficticias para desviar fondos o recibir comisiones a cambio de favores económicos o influencias.

Como parte de la investigación, la UCO ha realizado registros en al menos 19 empresas y sedes oficiales, incluyendo no solo la SEPI, sino también entes participados como Sepides, Enusa o Mercasa, y ha solicitado documentación en las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.