Detienen a 15 conductores de autobús acusados de facilitar el transporte irregular de migrantes entre España y Francia: recibían pagos de entre 20 y 400 euros

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Barcelona a 15 conductores de líneas internacionales de autobús acusados de facilitar presuntamente el transporte irregular de inmigrantes entre España y Francia a cambio de pagos que oscilaban entre los 20 y los 400 euros. Según informó este lunes el cuerpo policial, la investigación ha permitido documentar al menos 12 episodios migratorios en los que ciudadanos extranjeros viajaron sin billete válido ni documentación reglamentaria, aprovechando la posición de estos trabajadores como conductores oficiales de rutas internacionales, principalmente la conexión entre París y Barcelona.

La operación, desarrollada por la Brigada Central de Extranjería y Fronteras, comenzó en marzo de 2025 y ha sacado a la luz lo que los investigadores consideran una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el transporte terrestre internacional. Se trata de un sistema articulado desde el interior de algunas compañías privadas de autobuses, donde conductores y personal auxiliar utilizaban su acceso y capacidad de control sobre el pasaje para introducir en territorio español, o trasladar hacia Francia, a migrantes que carecían de visado o autorización de entrada. El comunicado policial señala que en un solo trayecto se llegó a acreditar el pago de 100 euros, y se estima que los beneficios anuales podrían alcanzar los 50.000 euros por conductor implicado.

Red organizada desde estaciones y rutas internacionales

Los ahora detenidos, a quienes se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, no actuaban de forma improvisada. La investigación describe una estructura estable y recurrente en la que los conductores no solo permitían el acceso a los vehículos de pasajeros sin billete o con tiques a nombre de otras personas, sino que además coordinaban la operativa con intermediarios situados en estaciones de autobuses. Estos captadores, ajenos a las empresas de transporte, negociaban los pagos, aseguraban la subida a los vehículos e incluso gestionaban el uso de documentación falsa o manipulada.

La Policía destaca que estos intermediarios se aprovechaban de la especial vulnerabilidad de los migrantes implicados, personas sin recursos, sin conocimiento del idioma y en situación administrativa irregular. Su labor consistía en garantizar que superasen los controles ordinarios de embarque y viajasen escondidos entre pasajeros regulares en rutas legales, utilizando autobuses que cubrían trayectos habituales entre ciudades españolas y francesas. La actividad, según la investigación, se realizaba de forma continuada y con ánimo de lucro evidente.

La operación ha contado con un estrecho intercambio de información con las autoridades francesas, clave para seguir los movimientos entre ambos lados de la frontera y confirmar la dimensión trasnacional de la red. Los controles policiales se desplegaron en puntos estratégicos como La Jonquera (Girona), Irún (Guipúzcoa), Madrid, Barcelona y Murcia, zonas habituales de tránsito en las conexiones internacionales por carretera. En ese contexto, los agentes pudieron comprobar de manera directa los métodos utilizados y recopilar pruebas suficientes para proceder a las detenciones.

Nueva modalidad del tráfico ilícito de personas

El caso ha puesto el foco sobre una modalidad que las fuerzas de seguridad consideran especialmente preocupante porque aprovecha infraestructuras legales y consolidadas, como las rutas regulares internacionales, para introducir movimientos clandestinos. A diferencia de otras redes dedicadas al tráfico de personas, esta operativa no requiere vehículos clandestinos ni rutas alternativas, sino la connivencia de personal autorizado que, bajo apariencia de normalidad, integra a pasajeros irregulares entre el resto de viajeros.

Las autoridades españolas subrayan que, además del impacto económico y del fraude al sistema de transporte, la actividad supone un riesgo añadido para la seguridad y la integridad de las personas transportadas. En varios de los casos documentados, los migrantes viajaban sin identificación válida y completamente supeditados a los conductores y captadores, quienes decidían cómo y cuándo podían desplazarse, imponiendo precios según tramo, ruta o condiciones del trayecto. Los pagos variaban desde los 20 euros para tramos cortos hasta los 400 euros en desplazamientos de mayor recorrido entre España y Francia.

La investigación también ha permitido constatar que los billetes se expedían a nombre de terceros o directamente no existían, y que el acceso a los autobuses se realizaba gracias a la intervención explícita de los conductores. En algunos puntos, los migrantes eran guiados hasta los vehículos por intermediarios que garantizaban su presencia a bordo pese a carecer de autorización legal para cruzar fronteras. La Policía sostiene que se trata de una práctica consolidada, no de episodios aislados, y que generaba beneficios económicos significativos para los implicados.

Durante los últimos meses, el contexto migratorio entre ambos países ha estado marcado por un incremento de controles fronterizos y por la previsión de Francia de intensificar las devoluciones de migrantes hacia España. En paralelo, el Ministerio del Interior español ha registrado una caída generalizada de llegadas irregulares, con excepción del aumento detectado en Baleares, mientras continúan produciéndose situaciones de especial vulnerabilidad en distintos puntos del territorio, como evidenciaron los desalojos de asentamientos informales en Cataluña a finales de 2025.

Los quince detenidos, entre los que figuran ciudadanos españoles y de otras nacionalidades, incluidos franceses, italianos, peruanos y ucranianos, han pasado a disposición de los juzgados de Barcelona, que asumirán ahora la instrucción del caso. A todos ellos se les atribuye un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, penado en el Código Penal y que puede agravarse en caso de demostrarse la pertenencia a una organización estructurada, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.