
Las políticas de endurecimiento migratorio de 2025 han alterado de forma profunda la movilidad global. Según el informe que ha publicado Caminando Fronteras las nuevas políticas de deportación de Estados Unidos han influenciado a terceros países. Las deportaciones a Ruanda propuestas por Reino Unido o los centros de detención impulsados por Italia en Albania son un ejemplo del poder de sus acciones.
En este sentido, la “necropolítica” atraviesa la gestión de las fronteras, transformando a las personas migrantes en existencias prescindibles, expuestas a condiciones extremas y vulneración de derechos. En España, a pesar de que el número de migrantes fallecidos que tratan de llegar a la península, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias ha descendido de 10.457 en 2024 a 3.090 en 2025 (un descenso de un 70,45%), la ONG Caminando Fronteras asegura que eso implica que el número de embarcaciones haya descendido.
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Y es que, la muerte ya no obedece a meros azares o a la “mala mar”, sino que responde a un patrón estructural en el que los dispositivos de rescate y los mecanismos de búsqueda—condicionados por políticas centradas en el control migratorio antes que en la protección de la vida—se han convertido en la primera causa de mortalidad. Helena Maleno, portavoz de la ONG, ha afirmado ante RTVE que “entre las causas que provocan las tragedias encontramos demora en la actividad en los servicios de rescate, falta de activación y una impunidad muy grande”.
De este modo, con los resultados del informe, que se ha realizado debido a las denuncias de los familiares de los fallecidos a la ONG, Maleno expone la realidad de lo que ocurre en mar abierto: “No estamos protegiendo. Estamos normalizando y naturalizando que esas personas mueran por cruzar una frontera”. Todo ello a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas, pues los estados afectados por estas migraciones no se encargan de contabilidad las desapariciones, ni los fallecimientos.

La ruta a Baleares desbanca a la canaria como la más mortífera
Desde la declaración tardía de la emergencia migratoria en Baleares (después de meses negando la magnitud del fenómeno) hasta la detención y judicialización de supervivientes, familiares y activistas, la respuesta institucional relega los derechos humanos a un segundo plano, según las afirmaciones del informe. Y es que, en muchos casos, solo la intervención de familiares permite activar búsquedas o identificar cadáveres.
Pero la mayoría de las veces, la desaparición queda sin respuesta oficial. “El duelo es un laberinto. Nadie te da información clara sobre los procedimientos, solo queremos saber dónde está el cuerpo de mi primo y poder enterrarlo en su ciudad natal”, confiesa A.H., argelino que busca a un familiar desaparecido en la ruta de Ceuta. Este testimonio se suma a los más de 3.000 casos registrados en 2025, con personas que proceden de 30 países diferentes.
Ahora, “la mayoría de las tragedias se han desplazado hacia una ruta donde las embarcaciones son más pequeñas”, ha explicado la portavoz de Caminando Fronteras. Concretamente a la ruta argelina hacia Baleares, que ha superado por primera vez el número de embarcaciones hacia la canaria. De hecho, la ruta argelina del Mediterráneo Occidental es la más mortífera, representando el 70% de las muertes (121) y 47 de las 70 embarcaciones desaparecidas este año.
“Vomité y recé todo el tiempo, y Alhamdoulillah llegamos a España. Pero me cuesta mucho dormir, pienso mucho en mi familia. Alhamdoulillah estamos vivos”, relata M.B., demandante de asilo somalí rescatado tras sobrevivir a la travesía, que también han recorrido otras 1037 migrantes -doblando a las de 2024-.

Más de 10 días y 1.000 kilómetros para llegar al archipiélago canario
La invisibilización institucional y la falta de protocolos de auxilio proactivos en los países de origen, condenan a estas personas a la deriva hasta encontrar tierra. De hecho, los que se decantan por la ruta atlántica hasta Canarias y sus subrutas pueden estar más de diez días en el mar para recorrer mil kilómetros que separan al archipiélago de Marruecos (Agadir-Dajla), Mauritania, Senegal, Gambia y, recientemente, Guinea Conakry.
Para esta travesía se suelen ver embarcaciones neumáticas, sobrecargadas y no aptas para el viaje, lo que amplifica el peligro. Concretamente, la zona entre Agadir y Dajla, antes poco explorada, suma cada vez más salidas y naufragios, además de una notoria presencia de mujeres y niños. “La zodiac comenzó a desinflarse y había mucho pánico… Cuando el rescate llegó fue demasiado tarde para algunos”, recuerda A.L., costamarfileña superviviente para Caminando Fronteras.
Por su parte, el cruce a nado por el Estrecho cada vez es más frecuente y letal, sobre todo entre menores y adolescentes marroquíes que representan el 24% de las muertes. Suelen estar equipados con flotadores improvisados y trajes de neopreno, se lanzan al agua de noche sorteando la vigilancia. “He intentado cruzar a Ceuta a nado como siete veces… Cada vez sabía que podía morir”, cuenta S.M., joven marroquí que, tras seis horas en el agua, logró llegar vivo a la playa.
Finalmente, la ruta de Alborán para llegar hasta Melilla es la que presenta menos tragedias; aunque sí que es la que reprenta un mayor porcentaje de devoluciones: “La Guardia nos coge cuando estamos nadando, nos sube a la lancha y después nos entrega a los marroquíes y estos nos llevan a Nador. Lo he intentado tres veces y no voy a parar aunque me muera”, comparte A.C., adolescente víctima de este tipo de prácticas.
“La vida en el país es la muerte”
Ante los datos presentados, los responsables del informe subrayan que la mortalidad no es fortuita, pues en el 41% de las tragedias no se activaron los medios necesarios de búsqueda. Asimismo, en un 31% se demoró la activación; y en el 10% restante, pese a tener la posición confirmada de la embarcación, no se procedió al rescate. Esta selectividad en el auxilio, sumada a la externalización del control migratorio a terceros países como Marruecos, Mauritania o Senegal—financiada con cientos de millones de euros de la UE y España—provoca que la vida de las personas migrantes quede supeditada a intereses políticos, “negociaciones bilaterales” o simples criterios de contención.
“La negación de las víctimas, la ocultación sistemática de datos y la falta de análisis riguroso sobre el impacto de las políticas forman parte de una constante en nuestras fronteras”, denuncia la organización. Un hecho que relega a las víctimas al olvido administrativo y judicial. Por eso, frente al endurecimiento del control y la erosión de las garantías institucionales, las redes familiares y las organizaciones sociales se han convertido en los últimos bastiones de la memoria y la resistencia.
Así, madres, hermanas, esposos y amistades documentan desapariciones, denuncian omisiones y reclaman el derecho a la verdad y a la justicia. “Si hablas con mis amigos en el pueblo todos te dirán que se arriesgarían, porque la vida en el país es la muerte”, declara B.C., joven guineano. Aun así, declara que “el sacrificio es necesario”, a pesar de no tener “confianza en los gobiernos, ni en el futuro y nos vamos, queremos tener futuro”.
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