Unas 60 personas vulnerables desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona pasarán Nochebuena bajo el puente de la autopista C31, tras una semana de persecución y desamparo. Pese a que la Generalitat de Cataluña ha reubicado a una parte de los afectados, su situación continúa siendo desoladora.
En medio de denuncias de entidades sociales y críticas de la oposición municipal al alcalde, Xavier García Albiol, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, anunciaba por la mañana que “120 personas vulnerables desalojadas del instituto habían sido trasladadas a algún tipo de equipamiento para evitar que duerman al raso”, tal como ha recogido EFE. Sin embargo, durante la tarde, cerca de medio centenar de personas continuaban sin un lugar donde dormir, instaladas en tiendas de campaña bajo el puente de la C31 y recibiendo ayuda solidaria de vecinos que les acercaron comida, agua y mantas.
Cabe recordar que la emergencia social tiene su origen en el macrodesalojo ejecutado por orden judicial hace una semana y promovido por el ayuntamiento, dirigido por Albiol. El propio alcalde reiteró que no movilizaría recursos municipales para dar acogida alternativa al grueso de los inmigrantes desalojados del B9, y señalaba que debía ser el gobierno central quien debía hacerse cargo.
“Queremos soluciones, no complicaciones”
El pasado 17 de diciembre, el alcalde de Badalona argumentaba que la intervención respondía a la ocupación ilegal del edificio, no a la nacionalidad o situación migratoria de los afectados. “No ha sido una acción contra la inmigración, ha sido una acción contra la ocupación ilegal. Tanto da que sean blancos, negros, feos o guapos”, ha declarado Albiol durante el último pleno del año, por las acusaciones de “racismo”.
El operativo de emergencia logró que una parte de los desalojados recibiera refugio temporal. De hecho, ese mismo fin de semana un acuerdo entre administraciones y entidades sociales permitió que una quincena de personas fuera atendida en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist. Sin embargo, decenas de vecinos impidieron el acceso de los inmigrantes, frustrando el plan de acogida temporal. Ante este escenario, Eduard Sala, director de Cáritas en Cataluña, expresó su consternación ante este episodio y exhortó a la sociedad a no guardar silencio ante actos de exclusión.
Uno de los afectados por esta situación, Younnus Dramme, ha manifestado ante EFE que temen permanecer a la intemperie más días. A pesar de que la administración les ha ofrecido el traslado a centros de Girona o Lleida, no consideran que sea una solución a largo plazo. “¿Qué vamos a hacer allí? Queremos soluciones, no complicaciones", afirmaba.
Para la representante del Movimiento de Regularización Ya, Vicky Columba, esta medida evidencia la “deshumanización” hacia las personas negras y denunció que el refugio ofrecido por Cruz Roja es solo temporal, ya que solo se les ha ofrecido techo para una semana. Por su parte, desde la consellería de Derechos Sociales, explican que después del traslado de parte de los afectados realizado en la operación de emergencia, el trabajo prosigue con gestiones más “discretas” y con derivaciones puntuales a los servicios existentes, “siempre que sean del conjunto de habitantes del B9 vulnerables que inicialmente fueron identificados”.
No obstante, la Plataforma Sant Roc Som Badalona ha denunciado la falta de atención directa bajo el puente durante la mañana del 24 de diciembre. Han sido los propios vecinos los que se han pasado “la mañana llamando” para ver si aparecían más plazas, ya fuese en centros en Tarragona, Lleida o Girona. Aun así, para el alcalde el conflicto está “resuelto o casi resuelto” gracias a la colaboración institucional.
Una respuesta judicial ante el “desamparo”
La respuesta judicial y social al desalojo no se ha hecho esperar. Podem Catalunya ha formalizado una querella ante la Fiscalía por una denuncia ante la Fiscalía por “por posibles hechos constitutivos de ilícito penal” relacionados con el operativo y la situación de “desamparo material” de las personas desalojadas. En la denuncia se sostiene que “no se desplegó un dispositivo real y suficiente de acogida residencial que permitiera dar cumplimiento efectivo a las condiciones impuestas”.
Del mismo modo, el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ha seguido el mismo camino y ha impuesto una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol, acusándolo de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. Mientras la disputa política sigue, esta noche decenas de personas vulnerables estarán bajo el frío puente de la C31 con una solución definitiva todavía incierta y a la espera de los siguientes pasos en la gestión de la emergencia social.
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