Durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Madrid, se produjeron concentraciones multitudinarias a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech (en protesta por los actos perpetrados por las FDI en Gaza) en las inmediaciones del recorrido. El dispositivo de la Unidad de Intervención Policial fue movilizado a lo largo de la jornada para responder a distintos incidentes. El balance final fue de veinticinco agentes heridos y dos manifestantes detenidos durante las actuaciones relacionadas con las protestas.
El desarrollo de los hechos llevó a Manos Limpias a acudir a los tribunales. El objetivo era trasladar su desacuerdo con la gestión del operativo policial y señalar directamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como responsable de la planificación y ejecución del dispositivo.
Una denuncia por la gestión del dispositivo policial
El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín. La denuncia le atribuía posibles delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones, desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación administrativa. El argumento central era que la actuación policial se vio condicionada por órdenes que priorizaban la imagen pública del operativo y la intención de evitar molestias a los manifestantes.
Según la denuncia, recogida por Europa Press, los sindicatos policiales alegaban que los agentes desplegados carecieron de instrucciones claras y de autorización suficiente para intervenir de forma eficaz ante episodios violentos. El escrito recogía testimonios que describían la situación como una intervención “con las manos atadas”, y se refería a algunos de los incidentes ocurridos como comparables a situaciones de “kale borroka”. Además, la denuncia consideraba que la falta de directrices concretas y la ausencia de un protocolo operativo habían abocado el dispositivo al fracaso ante los momentos de mayor tensión.
Manos Limpias argumentaba también que la diferencia entre el número de agentes heridos y el de detenciones era una “prueba evidente” de que se había aplicado una política de “contención” y “guante blanco” hacia los manifestantes. El sindicato sostenía que la responsabilidad de los incidentes recaía en la Delegación del Gobierno, tanto por las órdenes transmitidas como por la falta de recursos y previsión.
La jueza archiva la denuncia
Este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, Luisa María Prieto, comunicó la inadmisión a trámite de la denuncia presentada por Manos Limpias. Según el auto, al que tuvo acceso EFE, la magistrada concluye que “no ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal”. La jueza interpreta que la denuncia refleja una “queja de un tercero” sobre las directrices dadas por el delegado del Gobierno en un evento público y señala que este tipo de reclamaciones deben canalizarse fuera del ámbito penal.
En la resolución, la magistrada detalla que la denuncia buscaba atribuir responsabilidad penal a Francisco Martín por hechos realizados por otras personas, que, según el escrito, causaron lesiones a los agentes durante el operativo. La jueza descarta la existencia de infracción penal y subraya que no se describe ninguna conducta voluntaria que permita atribuir dolo a los responsables políticos.
El auto añade que delitos como los desórdenes públicos y la desobediencia a la autoridad con imprudencia grave no pueden cometerse por imprudencia, ya que son figuras dolosas. En cuanto a las lesiones con imprudencia, la magistrada indica que sería preciso dolo, circunstancia que no se aprecia en los hechos descritos.
En aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jueza recuerda que el tribunal debe abstenerse de practicar diligencias cuando los hechos denunciados no revisten caracteres de delito. Por este motivo, inadmite la denuncia y archiva las actuaciones, dejando la posible revisión de la gestión policial en el ámbito administrativo y sin consecuencias penales para el delegado del Gobierno en Madrid.
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