La Comisión Europa ha propuesto suprimir las revisiones periódicas de la mayoría de los pesticidas y biocidas. En respuesta, la comunidad científica y las organizaciones ecologistas han advertido de los peligros, no solo para las plantas o animales, sino también para los agricultores de estos insecticidas. Consideran que el llamado Paquete Ómnibus de Simplificación, destinado a reducir la burocracia y los costes, podría dejar indefinidamente en el mercado sustancias con efectos nocivos ya comprobados.
Entre ellos, daños neurológicos, cáncer o pérdida de la biodiversidad. El clorpirifós es uno de los que más se repite en boca de expertos y activistas. Un insecticida asociado a la caída del coeficiente intelectual en niños, TDAH, autismo o Parkinson, que dejó de utilizarse en la UE en 2020.
La alarma quedó plasmada en la carta firmada por 200 científicos europeos en la que advierten que el “borrador del próximo Paquete Ómnibus de Simplificación incluye cambios alarmantes”. Según estos, la capacidad para reaccionar ante riesgos sanitarios y ambientales se verá “socavada drásticamente”.
La propuesta elimina los plazos actuales: una autorización de 10 años seguida de renovaciones cada 15, ambas condicionadas a una revisión exhaustiva de la literatura científica. A partir de la puesta en marcha del paquete, la licencia no caducaría. Por su parte, la Comisión defiende que el nuevo esquema permitirá ahorrar mil millones de euros en trámites administrativos.
El 90% de los pesticidas quedaría sin revisión
Las organizaciones ambientales han sido tajantes. Ecologistas en Acción ha denunciado que la propuesta “desmantela algunas de las salvaguardas fundamentales frente a los pesticidas” y advierte que las renovaciones solo se mantendrán para las sustancias candidatas a la sustitución, apenas el 10% del total.
Esto significa que el 90% de los pesticidas dejarán de pasar por el proceso de renovación requerido actualmente por el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, pese a que dicho procedimiento ha permitido retirar 162 sustancias nocivas desde 2011.
Entre los compuestos eliminados en los últimos doce años figuran diez sustancias cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción, siete disruptores endocrinos, diecisiete tóxicas para polinizadores, siete dañinas para trabajadores agrícolas y consumidores, y nueve contaminantes de acuíferos.
“Sin este proceso, decenas de sustancias tóxicas seguirán ilimitadamente en alimentos, en la naturaleza y, por ende, afectarán directamente a la salud de la población, incluso cuando se den nuevas pruebas científicas”.
Mayor venta y menor autonomía nacional
La reforma además incorpora otros elementos polémicos. En primer lugar, duplica el periodo durante el cual los pesticidas altamente tóxicos pueden seguir vendiéndose tras su prohibición: de un año y medio a tres. “En lugar de un año y medio, la población estaría expuesta a estas sustancias químicas hasta tres años”, critica Ecologistas en Acción.
En segundo lugar, limita la capacidad de reacción de los Estados miembros, que no podrán adoptar medidas inmediatas ante evidencias científicas sin que Bruselas inicie previamente una reevaluación formal.
“Un regalo envenenado” para Europa
Clara Bourgin, portavoz de Soberanía Alimentaria de Amigas de la Tierra Europa, denuncia que la medida deja a la ciudadanía desprotegida mientras beneficia a la industria agroquímica: “Estas Navidades la Comisión Europea nos regala pesticidas tóxicos, un regalo envenenado para la población europea, mientras la industria se frota las manos”.
La aprobación indefinida de estos productos constituye “un grave riesgo para la salud y la naturaleza… La ciudadanía exige garantías, no un retroceso de décadas”, sentencia.
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