Se reactiva la investigación por las muertes en las residencias en Madrid durante el covid con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostalaza. Estos son los nombres de los tres principales imputados en las causas judiciales sobre las muertes en las residencias durante la pandemia de Covid en Madrid. El firmante del conocido como ‘Protocolo de la Vergüenza’ y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; el considerado ideólogo de este protocolo y sucesor de Mur en su puesto; y el máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), encargado de gestionar las ambulancias públicas, respectivamente.

Tras cinco años de lucha y meses de causa judicial, este martes puede ser la primera vez que los acusados declaren ante un juez. Los tres están citados a las 10:00, acusados de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una de las personas que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

Este es un hecho que podría marcar un antes y un después en la causa, porque, aunque ya se les ha citado en dos ocasiones, en ninguna de ellas llegaron a declarar. El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.

Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que este “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”. El abogado de Martínez Peromingo es quien había solicitado la inhibición.

Desde la asociación ‘ 7291: Verdad y Justicia′ confían en que “después de dos aplazamientos en otros tantos Juzgados, esos ex altos cargos declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida a las personas que vivían en las residencias de Madrid durante la pandemia”. Y es que a parte de las declaraciones de este martes, los tres están llamados a declarar mañana miércoles en otro juzgado, esta vez el de instrucción número 2 de Collado Villalba.

Las 7.291 muertes

El caso tiene su origen en los meses más duros de la pandemia de Covid-19, entre marzo y mayo de 2020, cuando las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro de uno de los peores dramas silenciosos de la crisis sanitaria. Según los datos oficiales, 7.291 residentes murieron sin ser trasladados a hospitales, muchos de ellos sin recibir atención médica adecuada, en completa soledad y en condiciones precarias.

El Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, aprobó una serie de directrices, conocidas como los “protocolos de la vergüenza”, firmadas por altos cargos de su Ejecutivo, que ordenaban no derivar a hospitales a ancianos con dependencia severa o deterioro cognitivo.

Estos hechos llevaron a que un grupo de familiares de los fallecidos, organizados en las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, decidió presentar una querella colectiva contra quienes habrían diseñado y autorizado esos protocolos.

Ese escrito se centraba en acusarles de delitos de homicidio imprudente o prevaricación y durante casi cinco años no consiguieron que ningún juzgado lo aceptara y se fueron archivando uno por uno. Sin embargo, el cambio llegó a principios de este año, a a penas meses de que prescribieran los delitos.

El delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria

El 10 de octubre de 2024 109 familiares (representando a 115 víctimas distintas) presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, pero esta vez pidiendo que se les investigara por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal. Este pequeño cambio ha supuesto el resurgimiento de la causa, que a principios de 2025 fue aceptada por diferentes juzgados de todo Madrid. En total nacieron 92 procedimientos distintos.

Concretamente fue el 1 de abril de 2025, cuando el juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir una de esas causas, en un primer paso destinado a llevar al banquillo a los imputados. En los meses siguientes se produjeron imputaciones en cadena y actualmente son ocho los juzgados que investigan a los ex altos cargos.

A parte, de los 92 procedimientos originales, actualmente 73 siguen en instrucción, 10 están pendientes de recursos ante la Audiencia Provincial, 4 han ido al Tribunal Constitucional —por recursos de amparo interpuestos por familias—, y 5 han sido desistidos por sus denunciantes.

Otro de los puntos que queda por decidir es si los casos se acaban acumulando en tan solo uno, como ha ocurrido en la causa de la DANA, que es un solo juzgado el que lleva todas las denuncias. La decisión está siendo deliberada por la Audiencia Provincial de Madrid y las respuestas son diversas. Los abogados de las acusaciones contemplan que esto podría “ser beneficioso” para tener una sola estrategia. Desde las defensas, la de Peromingo también es partidaria de esta acción, mientras que la de Mur pide lo contrario al defender que “cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima”.