
El mundo de la política ha reaccionado a la sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No a la decisión, que ya se conoció hace 19 días, sino a los argumentos que han dado los jueces para dictaminar la inhabilitación al ejercicio del cargo durante dos años. La sentencia, publicada este martes, se ha basado en dos hechos: que fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo del abogado de Alberto González Amador a la Cadena SER y que “intervino” en la publicación de la nota de prensa por parte de la Fiscalía General del Estado el día 14 de marzo de 2024 con extractos de este mail.
La primera reacción del Partido Popular ha llegado de la mano de la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, quien ya ha calificado a García Ortiz como “el primer fiscal general del Estado delincuente”. Todavía no había podido leer la sentencia cuando fue preguntada sobre esta cuestión por los periodistas durante la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Con cierta cautela, Muñoz se ha mostrado confiada en que los magistrados habrán dado las explicaciones suficientes que acrediten la condena. “Ha quedado comprobado y acreditado que el fiscal general del Estado cometió un delito”, y ya le “podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente”, ha sentenciado.
El auto, no obstante, no se ha apoyado en pruebas, sino que habla de “indicios” que dan por desacreditados los testimonios de los periodistas que declararon en el juicio. Algunos de sus argumentos, de hecho, no aparecen en el texto conjunto -sí en los dos votos particulares-. Los magistrados concluyen que el correo electrónico de 2 de febrero “fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte de García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera un avance informativo (23:25 horas)”.
Fuentes del PP apuntan que la sentencia condena a la persona ”que apretó el botón", pero insisten en que “no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. “Pese a ello, desde Moncloa y Ferraz no piden perdón a los españoles, sino que atacan a los jueces y afirman que no la comparten. Deberían estar al menos aliviados de no compartir la condena”, han añadido las mismas fuentes consultadas.
Sumar señala una “sentencia a demanda” y Podemos habla de “derecha golpista”
Desde la parte del Gobierno, la primera reacción ha sido de Sumar, que insiste en que se ha escrito una sentencia “a demanda para condenar a un hombre justo”. “La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia”, ha escrito el partido de Yolanda Díaz.
Más contundentes han sido desde Podemos: “Ya no es el momento de preguntarnos qué hacer con la sentencia al fiscal general del Estado; ya no es el momento de la indignación ni de discutir sobre lo que dice la sentencia, es el momento de responderles y acabar con esta derecha golpista”, ha afirmado la diputada de la formación morada, Irene Montero, en unas declaraciones para TVE.
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