La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

La reciente directiva aprobada por la Comisión Europea establece la implantación progresiva de un permiso de conducir digital obligatorio en todos los Estados miembros, acompañado de nuevos requisitos de control médico para su obtención y renovación. El documento se integrará en la futura Cartera de Identidad Digital de la Unión Europea, aunque la norma mantiene la posibilidad de seguir utilizando el carnet en formato físico para quienes así lo prefieran. La medida ya ha entrado en vigor y los países disponen de un plazo máximo de cuatro años para adaptarse plenamente al nuevo marco.

La directiva forma parte del paquete de reformas con el que Bruselas busca modernizar el sistema de permisos de conducción y reforzar la seguridad vial en el conjunto de la Unión. El texto comenzó a aplicarse el 26 de noviembre y entró formalmente en vigor el pasado 3 de diciembre, activando el calendario de transposición nacional. En ese periodo transitorio, los Estados deberán desarrollar las infraestructuras tecnológicas necesarias para emitir y gestionar el carnet digital, así como adaptar sus procedimientos administrativos y sanitarios a los nuevos requisitos de evaluación de los conductores.

El objetivo declarado de la Comisión es avanzar hacia una reducción sostenida de la siniestralidad en carretera. En 2024, según los datos manejados por las instituciones comunitarias, se registró un descenso del 2% respecto al año anterior en el número de víctimas mortales. La estrategia europea fija como meta recortar a la mitad estas cifras antes de 2030 y aproximarlas a cero en 2050, dentro del programa conocido como “Visión Cero”. La digitalización del permiso y el refuerzo de los controles médicos se consideran herramientas clave dentro de esa hoja de ruta.

Burocracia, costes y críticas por soberanía

La implantación obligatoria del carnet digital y de las nuevas evaluaciones médicas ha suscitado críticas en distintos ámbitos. Algunos sectores consideran que la norma representa una injerencia en la soberanía de los Estados, al afectar a competencias tradicionalmente gestionadas a nivel nacional, como la regulación del tráfico, la formación de conductores o la organización de los sistemas de reconocimiento médico. A estas objeciones se suma la preocupación por el posible aumento de la carga administrativa para ciudadanos y administraciones.

Desde diversas asociaciones profesionales y plataformas de conductores se advierte también de un previsible incremento de los costes asociados a la renovación del permiso, derivado del refuerzo de las pruebas médicas, especialmente en el ámbito de la visión y de la evaluación de determinadas patologías. Aunque la directiva permite a cada Estado adaptar estos controles a sus propios procedimientos, el marco europeo fija un listón mínimo común que obliga a introducir cambios en muchos países.

La Comisión defiende, frente a estas críticas, que la armonización de los criterios resulta imprescindible en un espacio europeo caracterizado por la libre circulación de personas y vehículos. Según su argumentación, un sistema común de permisos de conducción facilita el control de la vigencia de las licencias, reduce el fraude documental y mejora la cooperación transfronteriza en materia de sanciones y privación del derecho a conducir. Bruselas subraya además que la coexistencia entre el formato digital y el físico garantiza que la transición no excluya a quienes tengan más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías.

Refuerzo del periodo de prueba y controles médicos

Entre las novedades más relevantes de la directiva figura el refuerzo del periodo de prueba para los conductores noveles. La medida se apoya en los datos de siniestralidad que señalan que los menores de 30 años, pese a representar un porcentaje reducido del total de usuarios de la vía, están implicados en una parte significativa de los accidentes mortales. Durante ese periodo inicial de conducción, las normas serán más estrictas en materia de consumo de alcohol y drogas, uso del cinturón de seguridad y respeto a los límites de velocidad.

El texto también introduce cambios en el sistema de evaluación de la aptitud física y mental de los titulares del permiso. Las revisiones médicas periódicas pasarán a tener un papel más relevante, con especial atención a la capacidad visual, el estado cardiovascular y otras condiciones que puedan afectar a la conducción segura. La directiva establece unos criterios mínimos, pero deja margen a los Estados para decidir si optan por exámenes médicos obligatorios, sistemas de autoevaluación supervisada o fórmulas mixtas.

La duración de la validez del permiso también se ve afectada por la reforma. Para turismos y motocicletas, el periodo general será de 15 años, aunque los países podrán reducirlo a 10 si el carnet se utiliza como documento nacional de identidad. En el caso de camiones y autobuses, la validez se limitará a cinco años, atendiendo a las mayores exigencias físicas que implican este tipo de vehículos.

En paralelo, la normativa impulsa la creación de un permiso de conducir verdaderamente europeo, accesible desde dispositivos digitales, incluido el teléfono móvil. A través de la cartera de identidad electrónica, los conductores podrán acreditar su derecho a conducir en cualquier Estado miembro sin necesidad de portar el documento físico. Aunque algunos críticos han alertado sobre posibles riesgos asociados a la ciberseguridad y a la protección de datos personales, la Comisión asegura que el sistema contará con garantías técnicas equiparables a las de otros servicios digitales europeos.