Desmantelada una red criminal que forzaba a más de 300 inmigrantes a trabajar en el campo en “condiciones inhumanas” y solo por comida

Detrás de las explotaciones agrícolas que abastecen parte del campo de nuestro país, había una red criminal asentada en la provincia de Albacete que ha gestionado durante meses el traslado, alojamiento y explotación de más de 300 trabajadores en situación irregular procedentes, en su mayoría, de Nepal. La estructura de este grupo se extendía por ocho provincias y empleaba métodos descritos como “condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad”, según la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

La operación de desarticulación comenzó en julio de 2024, tras detectarse movimientos sospechosos en el municipio albaceteño de Villalgordo del Júcar. Tal y como ha detallado Tolón en una comparecencia ante los medios junto a responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los trabajadores eran alojados en ese municipio en condiciones extremas, obligados a descansar en colchones tirados sobre el suelo, hacinados en habitaciones sin ventilación y con apenas acceso a servicios higiénicos.

El núcleo logístico de la red se encontraba, precisamente, en Villalgordo del Júcar, desde donde los trabajadores eran repartidos diariamente en furgonetas, que no cumplían las normas básicas de seguridad, hacia explotaciones agrícolas en Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. La investigación afirma que esas condiciones de transporte ya habían provocado varios accidentes, entre los que figura la muerte de un ciudadano de origen nepalí.

Largas jornadas, pagos irregulares y maniobras para ocultar beneficios

Durante su jornada laboral, que se extendía hasta las doce horas diarias, estas personas estaban sometidas a un régimen de explotación intensa. Además de trabajar muchas veces sin recibir remuneración económica, se les cobraban comisiones muy elevadas por los desplazamientos en furgonetas, por el alquiler de viviendas precarias y por los alimentos básicos. “En muchos casos, la única contraprestación era la comida”, puntualizó Tolón.

El modo de operar del grupo criminal respondía a una compleja estructura formada por diferentes ramificaciones interconectadas. La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, lograron identificar no solo a los responsables directos, sino también a quienes facilitaban los documentos falsos, gestionaban los pagos y canalizaban el dinero a través de cuentas bancarias vinculadas a la trama.

Según los portavoces policiales, durante las últimas semanas se practicaron nueve registros, ocho en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda (Albacete), donde se encontró material probatorio: dinero en efectivo, talonarios y cheques, dispositivos electrónicos y documentación fraudulenta; además de facturas y nóminas falsas, y contabilidad paralela. Esta ofensiva judicial ha conllevado, además, la incautación de 12 vehículos, entre ellos dos catalogados como de alta gama, y el bloqueo de aproximadamente 20 cuentas bancarias manejadas por la organización para ocultar los beneficios de la explotación.

Arrestos y ayuda coordinada para los trabajadores rescatados

El proceso de desmantelamiento culminó con la detención de 11 personas, de las cuales seis han ingresado en prisión provisional sin fianza por orden del Juzgado de Instrucción de La Roda. Asimismo, otras dos personas se encuentran actualmente bajo investigación, y los responsables policiales no descartan que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones.

Para asistir a los trabajadores rescatados, un total de 322 personas de las cuales 294 estaban en situación administrativa irregular, fue esencial la coordinación de la Cruz Roja y el apoyo diplomático de la Embajada de Nepal. Todo ello bajo el seguimiento de la Fiscalía y los equipos conjuntos de Policía, Guardia Civil e Inspección de Trabajo. “La actuación rápida de todos los cuerpos y el soporte de organizaciones sociales y diplomáticas ha permitido que estas personas reciban atención y apoyo”, destacó la delegada del Gobierno.

*Con información de EFE.