La investigación sobre la supuesta trama de adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, en la que figuran como implicados el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García, tiene una nueva actualización. La Guardia Civil ha entregado al magistrado Leopoldo Puente un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Entre las más de 220 páginas, a las que ha tenido acceso Infoabe España, se revelan presuntas gestiones para recurrir al que fue presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán —fallecido el pasado mes de agosto—, y a otros altos cargos socialistas de la comunidad con el objetivo de obtener autorizaciones esenciales para el proyecto Mina Muga, dedicado a la construcción de una mina de potasa, donde la UCO sitúa el origen de la presunta trama en el año 2015.
Según la Guardia Civil, un “boceto manuscrito” refleja cómo García trata de intermediar con distintos dirigentes del PSOE para facilitar la concesión de un permiso clave “para el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos por el proyecto Mina Muga” del Ayuntamiento de Remolinos, en manos del socialista Alfredo Zaldívar, aun alcalde de la localidad. Se trata del último documento remitido al Supremo, el mismo que provocó la semana pasada los registros en varias sedes de Acciona y otras mercantiles vinculadas a la presunta red de intermediación.
El proyecto Mina Muga
La imagen, creada el 8 de mayo de 2018, contiene un mapa de nombres y estructuras políticas a las que, según la UCO, se pretendía acudir para desbloquear trámites municipales y autonómicos vinculados al uso de antiguos huecos mineros en el municipio zaragozano de Remolinos. “Estaba previsto, a través de Koldo y Santos, recurrir a Francisco Javier Lambán Montañés, presidente del Gobierno de Aragón; Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza; y Alfonso Gómez Gámez, director general de Minas del Gobierno de Aragón”. El objetivo era obtener una “carta de compromiso y un convenio de obra” que permitiera a la empresa GEOALCALI —y a través de ella a la unión Acciona-SERVINABAR— usar los huecos mineros como depósito de residuos vinculados al proyecto de la mina de potasa.
Además, en un mensaje de Whatsapp enviado por Koldo el 3 de julio de 2018 a Lambán, adjuntó un archivo llamado “20180505_autorización_remolinos_muga_rev01” y acompañado el envío con la frase: “Mil gracias Javier!!!, estoy a tu disposición!!!”.
El documento adjunto, según la UCO, se trata de una autorización emitida por el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, en la que se faculta a la UTE formada por Acciona y SERVINABAR para actuar en nombre del Ayuntamiento en los trámites necesarios para habilitar el uso de los huecos mineros. Esa autorización municipal era un paso más para que Mina Muga pudiera avanzar en sus requerimientos ambientales y de gestión de residuos.
La cronología muestra, según el informe, que estas gestiones no fueron aisladas, sino parte de un plan más amplio que ya se había puesto en marcha semanas antes. El boceto manuscrito del 8 de mayo enumeraba a las personas a las que se debía “recurrir” y describía expresamente la estructura de relación entre Cerdán, Koldo y los cargos institucionales de Aragón.
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