La Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, su ‘número dos’, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas, según ha confirmado la agencia EFE.
Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos de los dirigentes del PP se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. García Molina ocupó la secretaría general del PP de Almería desde 2008 hasta junio de 2021. Después, pasó a ejercer como presidente del partido en la provincia andaluza.
El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana de este martes se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios. Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.
En esta trama figura también Óscar Liria Sánchez, el que fue vicepresidente de la Diputación de Almería con el PP durante tres décadas, detenido el pasado 15 de junio de 2021 junto a otras diez personas. Era la primera vez que un caso como estos afectaba a un cargo público. Según la investigación que llevó en su momento elDiario.es, los agentes situaron en el foco el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas.
El PSOE le acusa de ser el responsable último de la firma
En el caso de García Molina, a principios de mes el PSOE solicitó que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería. El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.
El partido pide al juzgado que tome declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas. Según el escrito de los socialistas, se trata de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.
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