El bloque 1 de la calle María Guerrero, en el distrito madrileño de Carabanchel, lucha este miércoles contra el desahucio de seis de las 15 viviendas del edificio, propiedad de la Sareb. La empresa pública ordenó el desalojo de los inmuebles el pasado mes de septiembre, tras un año de negociación con los residentes, representados por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel.
La historia de estos vecinos, sin embargo, se remonta años atrás, a la crisis de la burbuja inmobiliaria. Por aquel entonces, la constructora privada del edificio se fue a la quiebra y el conjunto de viviendas pasó a manos de la Sareb, sin que nadie notificase a los residentes este cambio. Ellos siguieron abonando como siempre su alquiler a la anterior promotora, una estafa que se prolonga durante años antes de que la empresa pública notase el impago. En 2024, la gestora estatal manda a los vecinos una notificación de desalojo, que decidieron acudir al Sindicato de Vivienda de Carabanchel.
La organización logró entonces paralizar los desahucios y comenzar un proceso de negociación con la Sareb. En junio, la gestora pública les envía contratos de alquiler para ocho de las 14 viviendas representadas por el sindicato, que incluían 12 cláusulas abusivas. Para las otras seis familias, no hubo respuesta hasta el mes de septiembre: la Sareb proseguía con el desahucio por impago.
Un año sin agua en María Guerrero 1
El Sindicato de Vivienda de Carabanchel no entiende qué distinción se ha hecho desde la gestora inmobiliaria para ofrecer contratos de alquiler tan solo a ocho de las viviendas afectadas, mientras se prepara para expulsar a seis familias vulnerables del bloque, a las que no se ha ofrecido ninguna alternativa habitacional.
La organización resalta, además, que el edificio carece actualmente de cédula de habitabilidad. “Hay ciertos criterios de calidad que no cumple. Por ejemplo, tienen que hacer algunas obras en el ascensor que garanticen su seguridad, retoques y mantenimiento en las zonas comunes...”, explica Miren Beriain, portavoz del sindicato. Aunque la principal causa que impide considerar al bloque habitable es que llevan un año sin agua. “Cuando [la Sareb] heredó la propiedad, había una deuda que la anterior constructora no había pagado”, cuenta Beriain, que recalca que ese pago debe correr a cuenta del propietario, pero la inmobiliaria pública ha decidido “volcar esa deuda a los inquilinos y cortarles el agua”.
Mientras seis familias afrontan el desahucio, otras ocho han recibido una oferta de contrato de alquiler, que legalmente no puede formalizarse al no darse las condiciones de habitabilidad. Además, los documentos incluyen cláusulas abusivas, como a renuncia al derecho de adquisición preferente o la cláusula de rescisión de contrato. “Te están poniendo sobre la mesa que Sareb puede rescindir el contrato en cualquier momento. Esto es abusivo completamente, porque de un día a otro puede no seguir adelante tu contrato y tú no tienes capacidad de intervención. Y esto no cumple con la Ley de Arrendamientos Urbanos“, denuncia la portavoz.
El ‘modus operandi’ de la Sareb
El caso de María Guerrero 1 no es una excepción para la empresa pública, denuncian desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. “No es ningún error ni ninguna cosa que se salga de la norma. La Sareb ahora mismo se encuentra en los últimos años de vida, porque debe desaparecer en 2027. Y en ese proceso, estamos viendo situaciones tan aceleradas de desahucios: en Villalba, Carabanchel, en Zaragoza...”, dice Beriain.
El Gobierno prometió a principios de 2025 crear una nueva empresa estatal de vivienda, que absorbería la actividad de la Sareb, pero “ha pasado casi un año y nosotros vemos que la forma de actuar de la Sareb está siendo expulsar a las familias de los barrios, o reubicándolas a otros sitios más lejanos que son más baratos para poder vender las casas que están en zonas medianamente céntricas o en proceso de gentrificación”, lamenta Beriain.
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